Barcelona compra un edificio para evitar que se venda a un fondo y expulse a sus inquilinos

"Una decisión excepcional para evitar de raíz la expulsión de vecinos". Así justifica el Ayuntamiento de Barcelona su decisión de comprar un edificio del distrito de Sants-Montjuïc para evitar que la propiedad, un banco, lo venda a un fondo inversor y expulse a sus inquilinos, 13 familias, de renta antigua, de mercado y ocupas. Para comprarlo, el consistorio ha ejercido el derecho de retracto (compra preferente) sobre la finca y ha invertido 2,75 millones.

El edificio está en la calle de Leiva número 37, en el barrio de Hostafrancs, y el consistorio defiende la compra "para proteger el derecho a la vivienda", "utilizando de forma excepcional" el derecho de retracto "atendiendo a la situación de la problemática social" de sus vecinos. La intervención municipal no siempre es posible, explica el Ayuntamiento, "pero en este caso se dan todos los supuestos que prevé el Decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para movilizar viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias", argumenta.

El edificio es propiedad de Anida (BBVA) y el comprador era el fondo Vauras Investment. Los vecinos han protagonizado desde marzo varias movilizaciones que el Ayuntamiento recuerda que han recibido el apoyo del vecindario.

Al conocer la situación, explica el consistorio, analizó si se producían casos de asedio inmobiliario y los servicios jurídicos estudiaron la posibilidad de intervenir si se hubiera producido la transmisión a un tercero, como fue el caso, sin notificarlo. "Por ello el Ayuntamiento ha decidido deshacer la operacion de venta y ejercer el derecho de retracto para que sus inquilinos puedan seguir viviendo, pagando el alquiler y evitando su expulsión", conviene un comunicado municipal.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha defendido que con esta compra el Ayuntamiento "lanza el mensaje de que estamos contra de estas operaciones especulativas que van a expulsar vecinos". Y la edil del distrito, Laura Pérez, ha añadido que "no es solo una buena noticia para estos vecinos, sino que como Ayuntamiento demostramos que defendemos que la vivienda no es una mercancía, es un derecho". A la pregunta de por qué no se actúa igual en otros casos de edificios donde los vecinos pueden ser expulsados, Montaner ha argumentado que este cumple con la ley y ha sido posible por precio. "En algunos casos, los precios que se piden son desorbitados, se interviene cuando tiene sentido desde el punto de visto social y económico".