Presos de fuera
EL CONSTANTE y espectacular aumento de la población reclusa en España durante la última década -de los 23.000 presos de 1982 a los cerca de 41.000 actuales- y la previsión de que la cifra seguirá aumentando de modo sostenido hasta al menos el inicio del siglo XXI, plantea con la máxima crudeza el problema de la escasez de espacio penitenciario. El déficit de plazas -en tomo a las 9.000 en este momento se hace angustioso no sólo de acuerdo con los estrictos criterios de la legislación penitenciaria (una celda por preso), sino con los meramente humanitarios de procurar hacer menos insufrible la crónica masificación que padecen muchas prisiones españolas.Esta situación ha llevado a los responsables penitenciarios a poner en marcha un ambicioso plan de construcción de 20 nuevos centros penitenciarios en los próximos cinco años, con una capacidad aproximada de 1.000 plazas cada uno, a la vez que se procede al cierre de un número significativo de cárceles actuales, juzgadas obsoletas además de gravosas desde el punto de vista de los costes exigidos para su mantenimiento. Pero, puestos a la tarea de liberar plazas y allegar recursos, los responsables penitenciarios se han fijado en las que ocupan y en los que utilizan los reclusos de nacionalidad extranjera. Su objetivo es proceder a la repatriación de 3.000 de los 5.592 reclusos que integran actualmente este colectivo, que supone el 17% del total de la población reclusa existente en España.
De ahí que hayan considerado la conveniencia de utilizar al máximo los mecanismos legales (fundamentalmente la Ley de Extranjería y el Convenio de Estrasburgo de 1983), que posibilitan la repatriación de los reclusos extranjeros a sus países de origen a cambio de la condonación de la pena o para que cumplan en ellos la parte de condena que les resta. La cuestión, sin embargo, es que en el caso de los presos extranjeros en España muchos de ellos son originarios de Estados cuyas condiciones de vida, y especialmente las de sus centros penitenciarios, son infinitamente peores que las españolas. En consecuencia, ni ellos quieren volver ni sus Gobiernos muestran especial entusiasmo por repatriarlos. Sucede especialmente con el numeroso colectivo de presos de naciones africanas (de Senegal, Nigeria y Guinea, entre otras), pero también con el de Marruecos, con mucho, el país que cuenta como más nacionales (1.230) recluidos en prisiones españolas.
Las criterios presupuestarios y el objetivo de liberar plazas carcelarias son dignos de consideración. Pero a condición de adaptarse a algunos principios como el de reciprocidad y respetando, en todo caso las garantías procesales. España también debe procurar que sus nacionales presos en otros países tengan la posibilidad de cumplir las condenas en su territorio. Es cierto que este principio, aplicable en el ámbito de los Estados europeos, en los que el trasiego de nacionales lo es en ambos sentidos, no lo es con países de fuerte emigración hacia España, pero no a la inversa.
Parece que el interés de los responsables penitenciarios se centra en los presos originarios de estos últimos países cuando el colectivo de reclusos de origen europeo (alemanes, franceses y británicos sobre todo) es considerable. En cualquier caso, es evidente que la política penitenciaria no puede desviarse en este punto de la general del Estado sobre la emigración. Está bien que se informe a los reclasos extranjeros sobre las alternativas existentes a su condena y sus hipotéticas ventajas, pero cuidando de no forzar su voluntad al punto de convertir su salida de España en una expulsión encubierta.
