Tráfico pide 400 millones a los vecinos que paralizaron las obras de unas oficinas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que pida una caución (fianza) de 399 millones de pesetas a los vecinos que han paralizado las obras para unas oficinas en la calle de Chile, 16. Las obras se suspendieron el pasado enero por decisión judicial. Los vecinos están escandalizados por la cuantía de la fianza, que pagarían "cuarenta vecinos de clase media baja", según un portavoz vecinal.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó en enero la suspensión cautelar de la licencia de obras municipal, concedida por la junta de Chamartín en julio de 1991. En este periodo ya se había levantado la estructura de al menos dos plantas del edificio. Éste se construye entre dos fachadas de edificios de viviendas con balcones que dan al solar en obras. Los vecinos iniciaron los procedimientos legales al observar el incumplimiento de la normativa urbanística. La Asociación de Vecinos de la Calle de Chile-Chamartín denuncia que, de construirse, las oficinas restarán luz, aireación y vistas.Un portavoz de esta asociación señalaba esta semana que no es comprensible que la DGT "pida una fianza millonaria a unos cuarenta vecinos de clase media baja: nos quieren apear del proceso [contencioso administrativo] a millonazos".
Mientras, Francisco Altozano, portavoz de la Dirección General de Tráfico, explica que el departamento pide una fianza "por la cantidad de dinero que perderá el erario público en el caso de que finalmente se levante el edificio".
Responsabilidad municipal
Armando Mucientes, abogado que representa a los vecinos en el contencioso, puntualiza que, si bien Tráfico está en su derecho de pedir la indemnización de 399 millones -"pese a su cuantía, superior al coste de la obra"-, lo sorprendente es "que no se exija la caución al Ayuntamiento, cuando el tribunal informó favorablemente sobre la suspensión de la licencia" concedida por el propio consistorio.
El concejal de Chamartín Miguel Cantos prefiere no opinar sobre éste u otros extremos al encontrarse sub júdice el contencioso. Mientras, el portavoz de Tráfico explica que la fianza se exige a los vecinos y no al Ayuntamiento "porque fueron ellos quienes pararon las obras".
Tribunales aparte, Tráfico sostiene que el edificio se construía con una edificabilidad inferior a la autorizada y con una forma piramidal para restar así poca luz y aire a las terrazas: "Los vecinos iban a tener unas terrazas ajardinadas enfrente en vez del estercolero que había antes", señala Altozano, en referencia a la nave preexistente del Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil.
