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Editorial:

Círculo de impunidad

EL AZAR ha querido que coincidan en el tiempo los desenlaces (por el momento) de los más característicos escándalos relacionados con la supuesta financiación irregular de los partidos políticos. La entrada en dique de los casos Naseiro, Filesa, de los casinos y de las tragaperras ha coincidido, además, con la renovación parcial del Tribunal Constitucional y el debate consiguiente sobre la neutralidad política de ese y otros organismos jurisdiccionales en cuyo nombramiento intervienen los partidos a través de sus representantes parlamentarios. Esa doble coincidencia ha venido a subrayar la existencia de unos intereses compartidos por las burocracias de todos los partidos, el primero de los cuales es el de garantizar la opacidad de sus mecanismos de financiación.Las comisiones internas de investigación resultan casi siempre una impostura cuando lo que se investiga tiene que ver con los citados mecanismos. Del dinero así obtenido no sólo se benefician los encargados de la recaudación, sino todo el partido. Pero como admitirlo implicaría la exigencia de responsabilidades a los líderes -de cuya imagen depende el futuro electoral del partido-, la principal tarea de las comisiones internas consiste en exonerar a esos líderes de cualquier implicación. Así ocurrió en el Partido Popular (PP) en relación al caso Naseiro (informe Ruiz Gallardón) y voIvió a ocurrir con la anónima comisión socialista que, tras el estallido del asunto Filesa, concentró en dos personas toda la responsabilidad.

La vía de las comisiones parlamentarias no ha dado mejor resultado. Fue el PSOE, y no el PP, el que se opuso a la creación de una comisión ad hoc para investigar el caso Naseiro. El motivo obvio fue el temor a las repercusiones que tal precedente podría tener en el entonces candente caso Guerra. Los socialistas sostuvieron que la investigación parlamentaria habría de circunscribirse a aquello que tuviera que ver con la condición de diputado de algún supuesto implicado, y que para ello ya existía la Comisión del Estatuto del Diputado. En todo lo demás habría que atenerse a lo que decidieran los jueces.

Pero cuando estalló el caso Filesa, un año después, el PSOE se opuso a la comparecencia del principal implicado, Carlos Navarro, en esa Comisión del Estatuto del Diputado y consiguió desviar todo el asunto al Tribunal de Cuentas, cuya intervención ya había pedido el fiscal general. Ahora se ve que no fue una decisión casual: ese tribunal está encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos para verificar si han respetado la legislacio5n sobre su financiación, pero carece prácticamente de facultades para indagar al margen de la documentación facilitada por los propios partidos. No puede, por ejemplo, obligar a presentar sus libros o a justificar sus facturas a las empresas privadas que se hayan relacionado con los partidos investigados. Esa limitación es tan evidente que la mitad de los miembros del Tribunal de Cuentas se han opuesto al informe exculpatorio del PSOE en el caso Filesa y han anunciado votos particulares.

Pero si el desenlace resulta en este caso particularmente desmoralizador, es porque los pronunciamientos de los magistrados han seguido milimétricamente la línea de demarcación establecida entre los partidos que los propusieron para el cargo. Incluido el presidente, cuyo voto de calidad ha roto el empate en favor de la exculpación, y hasta el detalle de que la única abstención proceda del único magistrado cuyo nombramiento fue avalado por socialistas y populares. ¿Con qué argumentos combatir, después de esto, la impresión de politización de unos órganos jurisdiccionales cuya función es inseparable de su neutralidad? Si a ello se añade la autoexculpación de Convergència -todos los demás partidos han votado en contra- en el Parlamento de Cataluña en relación al escándalo casinos y el anuncio de una amnistía para los permisos ilegales de explotación de las tragaperras concedidos por el Gobierno vasco, y si, a mayor abundamiento, se recuerda el eufórico indulto que sobre la cuestión de fondo se ha concedido a sí mismo Ángel Sanchis tras el auto del Supremo en relación al caso Naseiro, ¿cómo no concluir que, en el terreno de la financiación irregular de los partidos, la impunidad es algo más que un riesgo teórico?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de junio de 1992