Una polémica de ricos y pobres
La cesión del 15% del IRPF pretendía ser el corazón del nuevo sistema de financiación autonómica, que el Gobierno pretendía acordar a lo largo de 1992. Hacienda presentó su propuesta a las comunidades autónomas en enero del pasado año, y meses después estalló la polémica. El conflicto enfrentó a los dirigentes socialistas de las regiones más y menos ricas. La discusión llegó a ser virulenta entre Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, y los dirigentes del PSC.El presidente extremeño envió una carta de protesta al presidente del grupo socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval, en la que acusaba a un sector del Gobierno de haber pactado con Convergencia i Unió la cesión del 15% a espaldas del PSOE. Posteriormente, la Junta de Andalucía remitió a la dirección socialista un informe en el que cuantificaban la pérdida de recursos para las regiones más pobres que acompañaría a una hipotética cesión no nivelada.
Narcís Serra intentó mediar en la polémica y, finalmente, fue Felipe González quien llamó a la calma, en octubre, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. González pidió entonces un periodo de maduración en su partido, para que la solución definitiva contase con "una cohesión de primera magnitud".
Posteriormente, González hizo una primera concesión a las tesis contrarias a la cesión del IRPF y se mostró a favor de "un sistema de corresponsabilidad fiscal", pero reconoció que no tenía "la seguridad de que la participación en un porcentaje del IRPF sea la solución adecuada".
Días después, y en presencia del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de la dirección del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), Felipe González sugirió que la corresponsabilidad podía funcionar mejor con alguna fórmula de recargos, antes que otra de cesión de tributos.
Con todo, el presidente recordó que esa vía fue intentada hace ocho años sin éxito por el presidente madrileño, el socialista Joaquín Leguina, quien se vio obligado a retirar la propuesta ante las reacciones en contra. En cualquier caso, el Constitucional avaló la legalidad de la medida.
