No sólo de banderas vive el hombre
Hace cinco años, cuando se celebró el anterior debate sobe el estado de las autonomías, se consideró lógico que hasta entonces hubiera primado el afán reivindicativo de las nuevas comunidades, necesitadas de afirmar su vacilante identidad, sobre consideraciones de eficacia en la gestión. Se preveía que el periodo siguiente se caracterizaría por lo contrario: los ciudadanos juzgarían a sus gobernantes por lo que hacían con las competencias de que efectivamente disponían, y los gobernantes perderían su obsesión por lit reclamación de más trasferencias o mayor reconocimiento. El pronóstico se ha verificado sólo a medias. Los ciudadanos dan ahora más importancia a la gestión. Pero los políticos siguen instalados en la reivindicación.El CIS confirma lo primero. La autonomía ha dejado de ser cuestionada, y la gente se atiene ahora a los resultados. Pero es notable la relación entre el grado de satisfacción con los gobiernos autónomos y la situación económica de cada comunidad: Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja, las únicas en que: son mayoría los ciudadanos que aprueban la eficacia demostrada por sus gobiernos, son tres de las seis autonomías cuya economía creció por encima de la media entre 1985 y 1991. Y la siguiente en nivel de satisfacción es Baleares, que creció menos, pero sigue siendo la de mayor renta por habitante. Inversamente, las tres comunidades en que más de la mitad de ciudadanos califica de "mala" o "muy mala la situación de su autonomía son Cantabria, Asturias y País Vasco: la comisa Cantábrica, zona en declive por excelencia.
Si esta tendencia se confirmase en el futuro, tal vez habría que relativizar uno de los criterios en que se fundamenta el estado de las autonomías. El de que "no sólo de pan vive el hombre". El que entre los gobiernos mejor valorados figuren indistintamente los presididos por socialistas, conservadores o nacionalistas, y que lo mismo ocurra entre los peor valorados, podría indicar que la gente sigue contando la feria según le va en ella.
La portavoz de IU resumió los objetivos que inspiraron el invento autonómico: resolver la cuestión nacionalista, reducir los desequilibrios regionales y racionalizar la administración pública. Es verdad que así fue presentado. Pero seguramente porque las circunstancias obligaron a convencer, mediante la inclusión de los dos últimos objetivos, de la utilidad de la autonomía a las regiones sin especiales inquietudes nacionalistas. Sin embargo, eran objetivos secundarios, y ligados a factores que no dependen de la descentralización.
Aquel énfasis puesto en la racionalización de la administración y superación de los desequilibrios está perjudicando al balance del rendimiento político del régimen autonómico. El informe anual de la OCDE alertó ya hace dos años sobre el "importante despilfarro de capital humano y otros recursos" resultante del solapamiento de las administraciones producido "como consecuencia del proceso descentralizador". A esa preocupación corresponde la propuesta de Administración Unica de Fraga, por lo que despacharla con alusiones al franquismo, o la CEDA resulta fuera de lugar. Es cierto que esa propuesta tenía un dificil encaje constitucional: la Carta Magna considera la coexistencia de las tres administraciones como un factor sustancial de equilibrio: algo que impide abusos políticos por una de ellas, en perjuicio de sectores de los ciudadanos. Podia haberse discutido desde ese punto de vista. Pero es una propuesta que corresponde a un problema real. Merecía ser tomada en consideración.
En cuanto al efecto equilibrador, de convergencia de renta, el informe presentado el otro día por Fuentes Quintana indica un mayor crecimiento de las comunidades pobres en 1992; pero eso ya venía ocurriendo con anterioridad al inicio del proceso descentralizador; de otro lado, un estudio realizado en 1990 por el propio Fuentes -con los profesores Alcaide y Cuadrado-, llegaba a la conclusión de que, si bien la línea de reducción de desigualdades se mantuvo en los primeros ochenta, la convergencia se detuvo en el periodo de crecimiento 1986-1990.
Poder político
La portavoz de IU reprochó al Gobierno su incapacidad para reducir esas desigualdades y defendió la idea de que lo importante no son las transferencias sino "el poder político": aquellos aspectos legislativos e institucionales "que definan una capacidad real de dirección política". Pidió, por ello, reformas radicales de los estatutos de las comunidades del 143. También pidió más poder para los ayuntamientos y abogó por un sistema federal como solución a los problemas del nacionalismo. Tal vez son demasiadas cosas. Las exigencias de las comunidades con tradición nacionalista son en parte contradictorias con la aspiración de todas a la equiparación. Para los nacionalistas lo fundamental es, por definición, la diferencia: no la cantidad de autonomía, sino la singularidad del reconocimiento. Que exista o no fundamento es otra cuestión. Para unos, el hecho autonómico es consecuencia del derecho al autogobierno de todos los ciudadanos; para otros, se trata de un derecho colectivo que tiene que ver con singularidades histórico-culturales y, sobre todo, lingüísticas. Criterio menos preciso de lo que parece: si se trata de la cantidad de personas que habla una segunda lengua, además del español, la Comunidad Valenciana, en la que es bilingüe el 70% de la población, tendría mejores argumentos que el País Vasco, donde sólo el 26% habla euskera.
La dificultad de satisfacer simultáneamente esas aspiraciones en parte contradictorias ha impedido cerrar el proceso constituyente del estado autonómico. Ello tiene efectos negativos para la eficacia del sistema, pero no parece realista pensar que los nacionalistas vayan a renunciar a mantenerlo abierto, mientras puedan. El portavoz del nacionalismo catalán se quejó de que no se haya avanzado "en la convergencia con las comunidades forales". Es decir, en la equiparación de su sistema de financiación con el que tienen los vascos. Pero el representante del PNV se quejó de la discriminación de que se considera víctima por ser la suya la única comunidad que no ha recibido traspasos en el último lustro, y porque ese asunto no haya sido contemplado por el pacto autonómico. Su conclusión fue: no hay motivos para abandonar la fase reivindicativa".
Fue Ortega quien dijo que con los nacionalistas había que intentar, si no convivir, al menos "conllevarse". Es bastante pesado y obliga a celebrar debates aburridísimos. Pero la alternativa se llama (o llamaba) Yugoslavia. Y evitar algo así era y es el verdadero objetivo del invento autonómico.
