Suspendido el juicio por aborto en Málaga por ausencia de 15 acusadas
La policía desalojó la sala y una de las implicadas tuvo que ser hospitalizada
Las 34 personas implicadas en el macrojuicio por aborto de Málaga no podrán aún, casi 11 años después de los hechos, ver zanjado el caso. La incomparecencia ayer de 15 acusadas -la mayoría de ellas porque ni siquiera habían recibido la citación- llevó al juez a suspender la vista media hora después de comenzar. La noticia cayó como una bomba en la sala: una de las acusadas sufrió una crisis nerviosa y hubo que hospitalizarla. La policía acabó despejando la sala para contener la indignación del centenar de personas que habían acudido en apoyo de los procesados.
El macrojuicio por aborto, señalado casi 11 años después de que la policía organizase una redada en la clínica abortista del ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, generó una gran concurrencia desde primera hora de ayer en la Audiencia Provincial de Málaga. Acudieron representantes de diversos colectivos feministas, de 70 clínicas legales de interrupción del embarazo de toda España y del Instituto Andaluz de la Mujer, así como de partidos políticos de izquierda, como Cristina Alberdi y Cristina Almeida.Pero el proceso de Málaga seguirá coleando. El juez anunció ayer que la próxima vez que el juicio se señale se celebrará estén o no presentes todos los acusados, y advirtió que decretará la busca y captura de las mujeres que no comparecieron ayer.
La mayoría de las ausencias no estuvieron motivadas por negativas de los procesados a presentarse, sino por meros errores burocráticos. En al menos cuatro casos las acusadas ausentes no habían recibido la citación porque en los años transcurridos desde el comienzo de la instrucción habían cambiado de domicilio. En otros tantos, la habían recibido tan tarde que ni siquiera les había dado tiempo a buscarse abogado. Varios letrados habían sido nombrados de oficio apenas 48 horas antes del juicio.
Quien estaba quizá más calmado era el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, para quien se. piden 91 años de cárcel. "Yo tengo asumido que mi trabajo tiene una alta siniestrabilidad judicial", dijo.
Cuatro de aquellas 22 mujeres acusadas abortar eran menores de edad entonces. La mayoría de los acusados fueron detenidos en la redada que la policía realizó en noviembre de 1986, tras haber intervenido los teléfonos de la clínica.
