Justicia ha atendido a 263 "niños de la calle" en su centro de urgencias
Tras la tempestad, la calma. El acuerdo institucional que siguió a la polémica por los llamados niños de la calle parece que empieza a dar sus frutos. En poco más de tres meses el Departamento de Justicia de la Generalitat ha tratado a 263 de estos menores que deambulaban sin ningún control por Barcelona y su área metropolitana. Con todo, la consejera Núria de Gispert admitió ayer que un tercio de los niños que han recibido alguna ayuda acaban eludiendo la tutela de la Administración.
Tras seis meses de negociación, el pasado 6 de marzo las instituciones, la policía y la fiscalía firmaron un acuerdo para abordar el problema. En aplicación de ese pacto, a finales de marzo empezó a funcionar el centro Lledoners, un equipamiento abierto las 24 horas y a donde llegan los niños inmigrantes en situación de ilegalidad que el Grupo de Menores de la policía o los Mossos d"Esquadra descubren por las calles. El centro tiene capacidad para 12 personas y la estancia media dura tres días. De ahí se derivan a otros equipamientos de la Generalitat, donde actualmente 218 niños están ingresados siguiendo algún programa de tratamiento; otros 90 mantienen una relación discontinua con esos centros, pues están una temporada y luego huyen. Así se explica que en los primeros seis meses de este año la policía haya realizado 1.133 ingresos de menores en esos centros. En algunos casos, algún menor ha sido presentado hasta 25 veces. La cifra demuestra también que es en los últimos meses cuando ha aumentado el interés por este colectivo, pues en todo el año 1998 se realizaron 1.493 ingresos Al margen de los niños acogidos en algún centro de Justicia de la Generalitat o de los que mantienen alguna relación intermitente con ella, en los últimos meses han sido atendidos otros 136, a los que finalmente se les ha perdido la pista. Según De Gispert, estos niños se mueven entre Barcelona, Marsella y Amsterdam. La consejera consideró que no es casualidad que ése sea también el camino que siguen muchos traficantes de droga. A raíz del acuerdo institucional, se han realizado en el primer semestre 101 pruebas radiológicas para determinar la edad de los jóvenes, pues muchos afirman ser menores para evitar que se inicie contra ellos un expediente de expulsión. Así ocurrió en el 38% de los casos. De Gispert considera que la actuación de la Administración será más palpable en los próximos meses, cuando empiecen a funcionar otros centros pactados entre las instituciones.
