Alperi modifica el organigrama municipal y relega a varios ediles para acaparar todo el poder en Alicante
El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, se ha garantizado el control político y administrativo del Ayuntamiento delegando en concejales de su absoluta confianza las áreas más importantes del Consistorio y anunciando que sólo se apoyará en los funcionarios que considere "buenos". En su afán de fiscalizar personalmente las grandes contratas municipales y de garantizarse pleno respaldo en la comisión de Gobierno, ha incumplido su compromiso de situar al concejal independiente Juan Zaragoza en este órgano y no ha tenido reparos en modificar el organigrama de las áreas competenciales históricas para situar a los ediles más fieles en puestos estratégicos. Pero el engranaje urdido por el primer edil para controlar las contrataciones y los concursos municipales tenía una pieza sin encajar. El departamento de Contratación, históricamente unido al área de Hacienda y Patrimonio, escapaba a su control si al frente de él situaba a María Teresa Revenga, concejal afin al portavoz del Consell, José Joaquín Ripoll. ¿Solución?: desgajar el área y delegar Contratación en su amigo José Luis Pamblanco, al que también ha encargado la tarea de dirigir el urbanismo local. Con esas delegaciones de su parte y con el área de Servicios y Mantenimiento en manos de su exsecretario particular, Pablo Suárez, Alperi se garantiza la fiscalización del nuevo concurso para la contrata de limpieza, por la que el Ayuntamiento desembolsará unos 30.000 millones de pesetas, y de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, piedra angular del mandato. Si en el Grupo Popular ya han aflorado las primeras divisiones, en el seno del Grupo Socialista se confirmó ayer una profunda segmentación entre sus concejales. O lo que es lo mismo: la grave desavenencia entre el portavoz del grupo, José Antonio Pina, y el secretario general del PSPV local, Ángel Franco. Los ediles partidarios de éste último votaron ayer en contra de que el edil de Nova Esquerra, Pablo Rosser, ocupara el cargo de portavoz adjunto. Pero Pina, que cuenta con mayoría en el grupo, impuso su criterio y los seguidores de Franco perdieron la votación. El reparto de dedicaciones exclusivas -el Grupo Socialista tiene derecho a liberar a ocho de sus 11 concejales- puede desencadenar la dimisión de la concejal María Elena Contreras, afín a Franco. Esta edil queda sin exclusiva, y dado que es funcionaria municipal incurre automáticamente en incompatibilidad, lo que le llevará a elegir entre trabajar o perder todos los ingresos.
