Los juzgados de lo social de Barcelona se niegan a tramitar demandas por la saturación

Los juzgados de lo social de Barcelona han decidido no tramitar más demandas como protesta por la saturación que sufren. Los asuntos que se presenten a partir de hoy no se tramitarán hasta el 2000. La medida fue adoptada ayer tras superarse los 700 nuevos casos repartidos este año en cada uno de los 26 juzgados. El juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, considera que por encima de esa cifra no se pueden dictar sentencias bien razonadas y critica al Ministerio de Justicia por no crear nuevos juzgados. "No pedimos la Luna. Sólo cuatro juzgados más", explicó.

El acuerdo de los jueces de lo social de Barcelona comporta en la práctica la creación de listas de espera, pues una demanda que se presente a partir de hoy no se repartirá hasta el año 2000 y, por lo tanto, no se empezará a tramitar hasta entonces. El juez decano de Barcelona reconoce que la medida puede ser impopular y polémica, pero opina que "la realidad se impone y los números son impresionantes". El año pasado entraron en cada juzgado de lo social de Barcelona una media de 1.400 casos.El Consejo General del Poder Judicial considera idóneo que cada juzgado tramite un máximo de 1.000 asuntos al año y dicte 700 sentencias. La gran cantidad de demandas ha provocado, según Bayo, que actualmente se estén señalando juicios para dentro de seis meses, "y así no se puede seguir trabajando". De acuerdo con el criterio del Poder Judicial, serían necesarios diez nuevos juzgados de lo social en Barcelona, que se añadirían a los 30 existentes, aunque sólo 26 tramitan demandas.

"La situación actual podría atajarse bastante con cuatro nuevos juzgados, pero el ministerio está cerrado en banda", explicó Bayo. En su opinión, los planes ministeriales de crear nuevos juzgados sociales en el área metropolitana de Barcelona (Sabadell, Terrassa, Granollers y Mataró) no servirá para aligerar la actual carga de demandas. "La inmensa mayoría de los despachos importantes de abogados están en la ciudad de Barcelona, y es lógico pensar que será en esta ciudad donde se presentarán la mayoría de las demandas", aseguró.

Joaquín Bayo explicó igualmente que los criterios seguidos por el Ministerio de Justicia a la hora de decidir la planta judicial resultan discriminatorios para Barcelona. En este sentido, recordó que en Madrid, donde la litigiosidad social es similar a Barcelona, funcionan actualmente 37 juzgados de lo social, que tramitan una media de 800 asuntos, una cifra por debajo del baremo fijado por el Poder Judicial.

En el mes de febrero de 1998, los jueces de lo social ya adoptaron una medida idéntica, aunque entonces fijaron el límite en 800 demandas al año. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló después la medida y los jueces de lo social respondieron con otro acuerdo que limitaba a 700 el número de sentencias que dictarían al año. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial criticó con dureza esa decisión, pero no la anuló, por lo que los jueces de lo social cumplieron su acuerdo y acabaron dictando una media de 730 sentencias en 1998. Joaquín Bayo admite que el nuevo acuerdo de la junta de jueces de dejar de admitir demandas puede ser anulado de nuevo por el TSJC, pero afirma que piensa defenderlo con los números de que dispone.

Limitación de sentencias

Los jueces de lo social de Barcelona han renovado para este año su acuerdo de 1998 y dictarán una media de 730 sentencias. Hasta 1997 se dictaban en Barcelona una media de 887 sentencias por cada juzgado social, muy por encima de las 548 resoluciones en el caso de Madrid, las 647 de Valencia o las 653 de Bilbao. El juez decano de Barcelona recuerda que, tras la polémica del año pasado, el Poder Judicial se comprometió hace meses a reclamar más juzgados, pero matiza: "Estamos igual que entonces, y no se puede seguir trabajando si no paran de entrar más casos".En 1995, los jueces de primera instancia de Madrid decidieron ralentizar el reparto de asuntos civiles como medida de protesta por la saturación de demandas que abarrotaba sus estanterías. La medida provocó una acumulación de 16.000 casos. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la medida e instó a los jueces a que normalizaran el reparto y tramitasen todas las demandas sin demora ni distinción.