El Ayuntamiento malagueño admite que su jefe de limpieza falsificó la certificación de una obra
IU ha pedido al alcalde que releve a Laguna de estas funciones en tanto se resuelve el contencioso y entiende que 'no es de recibo que alguien que ha cometido una irregularidad tan grave y presumiblemente un delito siga firmando las certificaciones'. En el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, Laguna está imputado de presuntos delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y malversación. Junto a él están encausadas otras seis personas, entre ellas la ex concejal de Medio Ambiente Ana Rico, su ex director de área Jorge López, y el gerente de Limasa, Javier Fuentes.
En noviembre de 1999, el departamento municipal de Medio Ambiente acordó con Limasa la construcción de una boca de riego para facilitar lo trabajos de limpieza en el Paseo Marítimo de Pedregalejo con un presupuesto de 39 millones de pesetas. Limasa incluyó este trabajo en la certificación que cada mes pasa al Ayuntamiento por sus trabajos en diciembre y Julián Laguna la firmó el día 22. Pese a estar certificada como hecha y por consiguiente abonada por el Ayuntamiento, la obra no se realizó hasta seis meses después.
En su informe, el instructor del expediente administrativo sostiene que 'el jefe del servicio técnico de limpieza emitió un certificado, marginado por el director del área de Medio Ambiente, en el que se afirmaba que la obra en cuestión se había ejecutado pese a que esta circunstancia era falsa'. También firmó la concejal, que desconocía que la obra no se había realizado.
En sus declaraciones ante el instructor, tanto Laguna como el gerente de Limasa explicaron que el dinero se pagó por adelantado en concepto de provisión de fondos, recurso que dijeron debieron usar para permitir que la obra se pagara dentro de los presupuestos municipales de 1999 en los que estaban consignadas. Ambos matizaron también que en ningún otro caso han usado esta fórmula de provisión de fondos o anticipo que según el interventor municipal, Carlos Claros, 'no se puede admitir en la administración local'.
La obra fue a su vez encargada por Limasa a la constructora Comupi, quien pidió el dinero por adelantado. Según ha reconocido el apoderado de esta empresa, Juan Andrés Muñoz Pino, también imputado, Comupi carecía de recursos propios para ejecutarla. Esta constructora trabaja habitualmente para Limasa, a la que le tiene alquilado dos locales que compró ex profeso para tal fin, y ha realizado también obras en el domicilio particular de Laguna.
Aunque Laguna y Fuentes aseguraron en sus declaraciones que la obra en cuestión fue planificada en 1997, el juez instructor sostiene en su informe que 'no existen datos que acrediten esta circunstancia'. Laguna atribuye el retraso en la ejecución de las obras. El alcalde ordenó el 12 de junio que se abriera un expediente informativo, aunque el 20 de julio decretó suspender su tramitación 'a resultas' de la resolución que adopte el Juzgado de Instrucción número 7 donde se instruye la denuncia que puso el Izquierda Unida y en la que también se personó como acusación el PSOE.
La polémica por esta irregularidad se produce en pleno proceso de renovación de la empresa mixta que tiene adjudicado el servicio de limpieza. Al concurso público han concurrido el actual socio del Ayuntamiento en Limasa, Fomento de Construcciones y Contratas, y el grupo Urbaser, liderado por Dragados y Construcciones. La oposición se ha quejado de oscurantismo del equipo de gobierno y asegura que la comisión de seguimiento que el alcalde se comprometió a constituir con IU y PSOE no se ha reunido ni una sola vez.
Las quejas no son nuevas. La oposición ya lamentó en su día que apenas tuvo oportunidad de conocer el pliego de condiciones del concurso, aprobado en un pleno urgente el pasado 18 de abril, Martes Santo. La entonces concejal de Medio Ambiente, Ana Rico, justificó la urgencia en que los trámites requerirían unos cuatro meses y que la nueva empresa requeriría un mínimo de 'siete u ocho meses' para 'poner en marcha todos sus mecanismos'. El ganador ya sólo dispondrá de días. PSOE y PP están convencidos de que el retraso es un indicio de que la concesión será de nuevo para Fomento, cuyo presidente, Marcelino Oreja, se reunió hace pocos días con De la Torre.
El concurso sin embargo aún no se ha fallado, pese a que la concesión a Limasa expira el próximo 19 de febrero. Ayer se reunió la mesa técnica que debe elevar sus informes a la Mesa de Contratación. Fuentes del Ayuntamiento han asegurado que la concesión se resolverá a 'finales de enero'.La empresa elegida se garantizará unos ingresos superiores a 250.000 millones de pesetas, ya que la concesión será por 16 años prorrogables en ocho más con un canon anual en pesetas de hoy en torno a 10.000 millones.
