Aznar media para acelerar un pacto social ante la inestabilidad política y económica
El Gobierno parece haber abandonado la tentación de legislar unilateralmente y ha optado por impulsar un acuerdo entre los agentes sociales, una voluntad que ha quedado clara en los contactos que han mantenido en los últimos días sus máximos responsables. Los portavoces de La Moncloa manifestaban ayer que 'en la agenda oficial del presidente no figuran esas reuniones'. Sin embargo, las fuentes consultadas de la patronal y los sindicatos aseguran que se ha producido una intervención directa del presidente Aznar y del vicepresidente Rato para allanar el camino. Ahora es el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, quien en los próximos días va a mantener nuevos contactos con los dirigentes de la patronal y los sindicatos.
Esa apuesta del Gobierno por impulsar el pacto social se produce en medio de una incertidumbre económica y una crisis política claras. Su objetivo es que se logre un acuerdo para estimular la creación de empleo y que se haga mediante consenso, como ocurrió en 1997 y que ha permitido generar millón y medio de contratos estables. Ese balón de oxígeno compensaría los frentes que se le han abierto al Ejecutivo, con una inflación descontrolada y unos precios del petróleo que pueden volver a remontar, a lo que se suman las crisis de las vacas locas, el síndrome del uranio empobrecido o el submarino nuclear Tireless, atracado en Gibraltar.
Fuentes de Trabajo y Economía admiten que para el Gobierno 'es muy deseable un pacto social' y que se repita el consenso de 1997. También aseguran que el acuerdo 'está bastante encarrilado'. Por ello, confían en que se pueda culminar un consenso en las próximas semanas y que se cumpla el calendario fijado por agentes sociales para concluir en febrero. En esos encuentros entre los agentes sociales con la mediación del Gobierno se han perfilado las líneas generales de la reforma laboral, y más concretamente los límites hasta los que cada parte está dispuesta a llegar.
Despido de 33 días
Los sindicatos empiezan a admitir la generalización de la indemnización por despido de 33 días por año trabajado para los nuevos contratos. La CEOE, a su vez, acepta el introducir salvaguardas a la contratación temporal, con una indemnización a término y el límite para el encadenamiento de contratos (ahora, en la práctica, inexistente) de forma que no se puedan hacer más de tres a un trabajador.
Junto a ello se prevé impulsar la contratación fija, rebajando un punto su cotización a la Seguridad Social, y frenar la temporal, encareciendo un punto sus cuotas. Otro eje de debate se refiere a una flexibilización del contrato a tiempo parcial, ahora escasamente utilizado.
Donde la patronal se muestra más reacia es a poner límites a la subcontratación, como piden las centrales. Éstas tampoco se muestran proclives a la propuesta de CEOE de crear un contrato para colectivos con especiales dificultades, que contaría con una indemnización por despido de 25 días por año trabajado.
Con esos avances se ha conseguido desbloquear la paralización de un diálogo abierto en marzo pasado por el propio Aznar tras las elecciones generales. A raíz de los encuentros de los últimos días, tanto los sindicatos como la patronal han detectado que el clima para la consecución de un pacto ha cambiado notablemente.
El consenso sobre la reforma laboral permitirá, a su vez, avanzar en la mejora de la protección social y en la mesa para la renovación del Pacto de Toledo, en la que el Gobierno parece admitir cambios en las jubilaciones anticipadas. En concreto, que se rebajen los coeficientes reductores para los trabajadores que se ven obligados al retiro antes de los 65 años y que han cotizado un elevado número de años.
