El Gobierno retira los recursos contra dos normas fiscales de Navarra
El Gobierno ha decidido retirar dos recursos judiciales que tenía interpuestos contra sendas normas fiscales de Navarra que incluían incentivos fiscales para la instalación de empresas y captación de nuevas inversiones. Si bien las dos normas no estaban ya en vigor, la retirada de los recursos trata de desactivar el expediente general de infracción abierto por la Comisión Europea contra los incentivos a las empresas dispuestos por el País Vasco y Navarra en virtud de su régimen fiscal singular, al considerarlos ayudas de Estado que distorsionan la libre competencia.
El temor a un pronunciamiento adverso de Bruselas dio alas a la llamada paz fiscal firmada en enero de 2000 entre los Gobiernos central y vasco. El acuerdo suponía la retirada de los recursos judiciales cruzados entre ambas administraciones y la derogación por los órganos forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (titulares del Concierto Económico vasco) de las normas fiscales más conflictivas. En su momento, Navarra rehusó un pacto similar, pese a estar gobernado por Unión del Pueblo Navarro, partido asociado con el PP.
El acuerdo se firmó ayer en una reunión celebrada en Madrid por la Junta de Cooperación de la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, presidida por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada. Las normas recurridas por el Gobierno central eran, por un lado, la ley foral de 1993 que permitía a las empresas instaladas en Navarra deducir en el impuesto de sociedades hasta el 60% de los beneficios reinvertidos, con un tope del 45% de la base imponible; y por otro, varios preceptos del impuesto de sociedades, especialmente el que establecía las vacaciones fiscales, la reducción a las empresas de nueva creación del 50% de la base imponible durante los cuatro primeros años con beneficios.
El País Vasco también dispuso de beneficios análogos, e incluso de mayor cuantía, que dieron origen al expediente abierto por la Comisión Europea. Su derogación constituye la principal baza para evitar un pronunciamiento de Bruselas que cuestione globalmente el uso que han hecho las instituciones forales del País Vasco y Navarra de los incentivos fiscales a la inversión. Sin embargo, la Comisión Europea ha desestimado sobreseer la investigación por entender que, pese a haber sido anuladas, algunas de las normas todavía tienen efecto, ya que los beneficios establecidos para las empresas eran aplicables hasta en 10 ejercicios fiscales.
