Los usuarios del trasvase tendrán que reducir el uso del agua de sus pozos

Los pozos que no se hayan inscrito en el registro de concesiones de aguas subterráneas una vez pasados tres meses de entrar en vigor el Plan Hidrológico Nacional sólo podrán hacerlo por vía judicial. Medio Ambiente establecerá que los usuarios de agua trasvasada perderán la concesión para extraer agua de pozos en una proporción equivalente al volumen que necesitan los acuíferos para recuperar su uso sostenible.

La inclusión de un plazo improrrogable para la legalización de los pozos en el Plan Hidrológico Nacional cortará en seco la incesante llegada de peticiones a las confederaciones hidrográficas para registrar como viejas concesiones pozos recien perforados. El cierre del catálogo de aguas subterráneas se justifica, según el director de Obras Hidráulicas, José María Piñero, en que los usuarios han tenido más de 15 años de plazo para legalizarlos. Quien no lo haya hecho a los tres meses de aprobarse el Plan Hidrológico, sólo podrá ver reconocido su derecho 'mediante resolución judicial firme', añadió Piñero.

La tecnología de perforación en tiempo récord y a cualquier profundidad ha causado estragos en los acuíferos. Sólo en La Mancha occidental (Manzanares, Valdepeñas...) se presentan al año más de 2.000 peticiones de legalización de pozos nuevos como si fueran viejos, lo que está diezmando la capacidad de recarga del acuífero. Esta sobreexplotación ha provocado la desaparición de los Ojos del Guadiana y un descenso de más de 24 metros del nivel freático. Ese fenómeno y la desanilización es extensible a todas las zonas del litoral mediterráneo, donde irá destinada el agua del Ebro.

Los usuarios de agua trasvasada perderán la concesión para extraer agua de pozos en una proporción equivalente al volumen de agua que necesitan los acuíferos para recuperar su uso sostenible. Piñero pretendía demostrar, con la incorporación de estas medidas al Plan Hidrologico, que el anteproyecto de ley regula algo más que el trasvase Ebro-Mediterráneo.