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Un millonario británico queda libre tras pagar por su propia vigilancia

El procesado había matado a su mujer

Isabel Ferrer

Alun Phillips, un millonario británico acusado del asesinato de su esposa para ahorrarse un divorcio costoso, languidecía en espera de juicio en la cárcel londinense de máxima seguridad de Belmarsh hasta que decidió aprovechar a fondo su dinero. En una hábil maniobra legal consiguió que sus abogados convencieran a los jueces de que podía aguardar su sentencia en un cómodo piso de tres habitaciones custodiado por guardas de seguridad privados.

El arreglo puede sonar excepcional, pero los letrados alegaron que no podrían organizar bien la defensa de su cliente si éste permanecía entre rejas, donde daba la sensación, dada su abultada cuenta bancaria, de que había sido condenado de antemano. Una original forma de esgrimir el derecho a un juicio justo incluido en el Acta Europea de Derechos Humanos, ya en vigor en el Reino Unido.

La libertad bajo fianza fuera de la cárcel no le salió barata a Phillips. Una vez elegido el domicilio, tuvo que desembolsar 8.250.000 pesetas para pagar los servicios de dos guardianes privados aprobados por los tribunales. Por un momento, además, creyó haber perdido la oportunidad de salir temporalmente a la calle. Cinco jueces denegaron su petición y un sexto le devolvió a su celda por una noche. A la mañana siguiente pudo retornar a su piso con un tercer custodio adicional y la prohibición de leer su correspondencia. Todas las cartas eran abiertas antes por oficiales del juzgado. Una vez llamado a juicio, la firma Zetech, contratada para vigilarle, le llevó a tiempo ante los jueces. 'Se personó sin retraso alguno y ahora pensamos estudiar casos similares', ha declarado al The Independent el director de operaciones de la compañía.

Hace un mes escaso, Phillips fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua. Ingresó en una cárcel normal.

La asociación británica que reúne a los abogados criminalistas ha mostrado su espanto por un pacto que sienta un peligroso precedente. Según sus portavoces, la Justicia no debe hacer distingos y todos los acusados tienen derecho a ser tratados por igual. 'Así parece que los ricos pueden pagarse la libertad, aunque sea a plazo fijo'. Un grupo en defensa de las libertades civiles, ha criticado el que resulte imposible darle la misma oportunidad a todos los que demuestren que no podrán tener un juicio justo de otro modo.

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