_
_
_
_
_
NOTICIAS DE LA EDICIÓN INTERNACIONAL DE EL PAÍS

Inocencias rotas

Cientos de menores de Nicaragua sufren abusos sexuales por parte de familiares

En 1998 el secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y hoy candidato a la presidencia Daniel Ortega fue acusado por su hijastra Zoilamérica Narváez de haber abusado sexualmente de ella desde los 11 años de edad. Lenín Cerna, ex jefe de la seguridad del Estado en los años 80 y actual responsable de la campaña electoral del FSLN, argumentó en defensa de Ortega que se trataba de "un problema de carácter familiar", para después añadir que "en Nicaragua hay centenares de casos más claros y no constituyen ningún problema". Las acusaciones nunca fueron probadas (la solicitud de desafuero para juzgar al líder sandinista está paralizada en la Asamblea Nacional), pero la denuncia sacaba a la luz una palabra casi impronunciable en Nicaragua: incesto.

Un tercio de las mujeres latinoamericanas declaran haber sufrido abusos sexuales dentro del hogar alguna vez en su vida, cifras que se reproducen en este país centroamericano. En los dos tercios de las 1.192 violaciones denunciadas en 2000 (23 por cada 100.000 habitantes) la víctima era un menor de edad. Y en la mayoría de los casos "los abusadores están dentro de la casa", afirma Carlos Emilio López, el primer procurador de la Niñez y la Adolescencia que tiene la República. Una de las primeras investigaciones realizadas sobre el tema, firmada por la ONG Dos Generaciones, coincide con esta afirmación. De 63 casos estudiados, solo en el 5% el violador era un desconocido.

No hay información más precisa: no hay datos anteriores a 1990, no todos los casos son denunciados y las autoridades no investigan el tema: "Cuando un niño es llevado a un centro de salud con síntomas de una infección que no es propia de su edad o con golpes, los médicos no preguntan", señala Myrna Aguirre, de Dos Generaciones. "Hay algunos casos aislados de hospitales en los que sí indagan, pero no hay una directriz al respecto".

En más del 90% de los casos de incesto la víctima es una mujer, aunque, como señala la periodista y escritora María López Vigil, "el abuso sexual de un varón es mucho más difícil de admitir -por tanto, de denunciar- porque el mito de que un niño penetrado se vuelve homosexual, se vuelve mujer, exacerba el silencio de la familia".

Los trabajos de Dos Generaciones y otras ONG comienzan a hacer público lo que hasta ahora era un secreto de familia y a echar por tierra mitos presentes en la sociedad nicaragüense -el incesto es un problema privado, sólo se da en las clases económicamente menos pudientes, son casos aislados, de enfermos aberrados es la palabra que utilizan los medios de comunicación)...

Perfil del incestoLas investigaciones permiten elaborar un perfil del proceso del incesto: "La concepción del menor como una propiedad privada de la que el padre puede disponer física o materialmente, la total falta de educación sexual y las relaciones de poder profundamente arraigadas son condiciones culturales que convierten al niño en una víctima propicia", afirma Aguirre. "La agresión suele comenzar en edades tempranas, a los tres, cuatro o cinco años, y suele tratarse de abusos sexuales sin penetración", continúa Cándida Sequeira, investigadora de la misma ONG. "El menor no sabe lo que está pasando, ya que nunca ha hablado de sexo, ni en la escuela ni en la familia". El abuso se convierte en violación a los 11, 13 o 14 años y el silencio es garantizado por el miedo, la vergüenza, el chantaje y el sentimiento de culpabilidad de la víctima. "Cuando se decide a hablar, normalmente en la adolescencia, pocas veces es creída, incluso por la madre. La denuncia no suele llegar a la Policía a no ser que hayan quedado secuelas físicas graves o haya testigos presenciales", asegura Sequeira. "Las autoridades sólo se preocupan de la penetración, no preguntan sobre sexo oral, tocamientos, masturbaciones, a pesar de que el Código Penal también los contempla como delitos. La sexualidad sigue siendo un tabú", señala.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Sólo un 16% de las denuncias termina en sentencia. La Policía aduce falta de medios para no perseguir al sospechoso y la víctima carece de asistencia y asesoramiento durante el arduo y doloroso proceso, así que suele abandonar por desgaste moral. Después, no hay ningún programa público de recuperación, de tratamiento de las secuelas. El encargado de ello debería ser el Ministerio de la Familia, que, según puede leerse en un informe de la Organización Panamericana de la Salud, centra prácticamente toda su atención y recursos en un problema más visible, los niños que trabajan y mendigan en la calle.

Pero, poco a poco el incesto va siendo desenmascarado. La presión de la sociedad civil ha ido sensibilizando al Gobierno, que recientemente aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, una serie de medidas de protección a la infancia. "Aunque de la ley a la realidad hay "años luz" de distancia, se van consiguiendo cosas", dice Aguirre. "Cada vez hay menos miedo a denunciar y los juzgados ya admiten una valoración psicológica de la víctima como prueba".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_