Asociacionismo militar
El Gobierno parece dispuesto a cortar de raíz cualquier posibilidad de asociacionismo en el seno de la Guardia Civil y del nuevo Ejército profesional mediante una ley que prohíba a sus miembros el ejercicio de ese derecho constitucional. Aunque sea posible limitar su ejercicio, negarlo radicalmente es inconstitucional, como han denunciado las asociaciones de guardias civiles y militares que sobreviven en régimen de alegalidad.
El problema del asociacionismo militar sigue sin encontrar un cauce legal. En el caso de la Guardia Civil, la situación es especialmente grave. Suprimido el derecho de sindicación de sus miembros -una opción que la Constitución permite, pero que no impone al legislador-, quedaba la vía abierta al asociacionismo profesional como una fórmula civilizada de encauzar los problemas sociolaborales del colectivo. No hay que olvidar que la Guardia Civil, pese a su carácter militar -por el que optaron en el pasado los Gobiernos socialistas en contra de sus promesas anteriores-, es un cuerpo dedicado a tareas ordinarias de policía entre la población civil. Es un contrasentido que sus miembros estén sometidos a un régimen disciplinario que les veda cualquier posibilidad de defender sus intereses.
Había alguna esperanza de que el anunciado Consejo Asesor de Personal -previsto en la Ley Orgánica de Reestructuración de la Guardia Civil de 1999- colmase ese vacío que afecta a un colectivo de 73.000 agentes. Se esperaba que su reglamento, en fase de redacción, fuera más allá de reconocer el derecho de los guardias a dirigir propuestas o sugerencias individuales a sus superiores. Pero los propósitos del Gobierno son muy restrictivos.
Aunque el proyecto de ley de asociaciones no está cerrado, el ministro Rajoy ha adelantado que 'no va a haber ni sindicatos ni asociaciones de carácter reivindicativo en la Guardia Civil'. Sindicatos no hay, de conformidad con el carácter militar de la Guardia Civil, pero que no haya asociaciones dependerá de lo que digan los tribunales. Algunas sentencias han reconocido ese derecho y el Tribunal Constitucional urgió hace años al Gobierno a dotar a ese cuerpo de un régimen disciplinario compatible con cauces para la solución colectiva de sus problemas sociolaborales.
