Rato y Montoro

Desde que el vicepresidente Rato tomó el mando de las operaciones, la estrategia del Gobierno en relación al escándalo de Gescartera se ha basado en tres ideas: que se trata de una estafa privada, sin otra implicación pública que la del hermano de la presidenta de esa sociedad, Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, cuyas responsabilidades políticas fueron depuradas con su dimisión y la aceptación de la misma por parte del ministro; que los órganos de supervisión, y en particular la CNMV, estuvieron en su lugar al detectar y denunciar el fraude ante la Audiencia Nacional; y que la voluntad de transparencia del Gobierno quedó demostrada al impulsar la creación de una comisión de investigación, algo sin precedentes en Gobiernos con mayoría absoluta.

Para empezar, esto último es falso por partida doble. El Gobierno no impulsó la comisión, sino que la aceptó tras intentar sustituirla por una subcomisión de estudio. Y sólo en la primera legislatura socialista, con una mayoría socialista más holgada que la actual, hubo tres comisiones de investigación: sobre Rumasa, sobre seguridad en los aeropuertos (después de dos accidentes en Barajas) y sobre el llamado caso Flick, en torno a la financiación de los partidos políticos. Aznar se apuntó al argumento de Rato al declarar (en Túnez) que 'jamás' antes un Gobierno con mayoría absoluta había facilitado investigaciones parlamentarias como la de Gescartera. Es falso por mucho que se repita.

La comparecencia del secretario de Estado de Economía, José Folgado, el viernes, aclara el porqué del interés del PP en utilizar un formato ad hoc para las comparecencias de los miembros del Gobierno. Leyó un discurso preparado de antemano y pudo escabullirse fácilmente de las preguntas más comprometedoras contestando las que le vinieron en gana del racimo de las planteadas por los portavoces parlamentarios.

Sería un escándalo que siguieran su ejemplo Rato y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en quienes confluye la responsablidad política de toda la cadena de errores, contradicciones y conductas sospechosas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Agencia Tributaria. Los ciudadanos tienen derecho a que se les explique cómo es posible que una juez y un fiscal hayan encaminado en tres meses una seria investigación judicial, mientras que a la CNMV y a la Agencia Tributaria los expedientes de Gescartera se les escurrían entre los dedos, a pesar de las irregularidades acumuladas durante años. El PP está en su derecho de arropar a Rato, como ha anuncido Javier Arenas, pero no puede utilizar las instituciones como parapeto frente a las preguntas, molestas o no, de la oposición.

El cambio en el procedimiento pretende evitar la posibilidad de repreguntas de los diputados. El PP sostiene que el formato propuesto es el previsto por el Reglamento del Congreso para los ministros y es el que se ha utilizado siempre. Tampoco esto es cierto. Rato compareció en la comisión sobre la indemostrada amnistía fiscal a los amiguetes del PSOE siguiendo un procedimiento diferente al indicado en el artículo del Reglamento que se invoca. El ministro respondió a las preguntas de cada portavoz y no al conjunto de ellas. Además, parece evidente que el artículo invocado, el 202, se refiere a las comparecencias informativas previstas en el artículo 109 de la Constitución: 'Las cámaras podrán recabar (...) la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos'. Una comisión de investigación es otra cosa, y lo que al respecto dice el Reglamento es que las propias comisiones 'elaborarán su plan de trabajo'. En este caso, la comisión, presidida por Luis Mardones, había acordado el formato de preguntas-respuestas como el más adecuado para indagar datos que permitan establecer las eventuales responsabilidades políticas.

Lo que se dilucida es si hubo intervenciones por parte de miembros del Gobierno o de personas a sus órdenes destinadas a dar credibilidad a Gescartera y ocultar su verdadera situación; si hubo omisiones deliberadas por parte de miembros del Gobierno o personas a sus órdenes para cerrar los ojos ante las irregularidades detectadas ya en 1999; si hubo información privilegiada que evitara a algunos inversores los efectos del agujero producido. Esto es lo que deberían aclarar hoy Rato y Montoro ante la comisión de Gescartera.