LOU: una aproximación política

El debate de la LOU que comienza me parece interesante no sólo por su contenido, sino también por la forma en que se está planteando. La necesidad de un cambio profundo en la LRU, a fin de remediar sus defectos y omisiones, era sentido como general en la comunidad universitaria, en las administraciones educativas y en los grupos parlamentarios. Nadie ha sostenido que la LRU, cuya evaluación general es positiva, mal que pese a algunos sectarios, no requiriera cambios, a comenzar por sus propios autores. Además había acuerdo general en que eran precisos cambios en el sistema de gobierno, en el régimen de profesorado, en los sistemas de becas, en la regulación de las actividades no académicas y en la financiación. Pero mientras en cuestiones como las dos últimas el acuerdo no presentaba dificultades insalvables la cuestión de las becas entraña cambios en profundidad en su ordenación y cuantía que ponen en cuestión el sistema de financiación y ahí hay un acuerdo general negativo: las universidades prefieren no insistir más allá de lo formulario en la cuestión becaria porque no desean otro cambio en el sistema de financiación que no sea el aumento de las subvenciones. El compromiso apócrifo se viste con las galas de la unánime petición de mayores subvenciones: es preferible librar la batalla del dinero con el consejero que con los alumnos reconvertidos en clientes. Además, aunque el compromiso apócrifo sea esencialmente reaccionario (el método de financiación actual opera como un sistema de transferencia de rentas a favor de los grupos sociales bienestantes que obtienen la mayor parte de sus rentas de fuentes que no son el trabajo), suena 'progre' y queda bien. Y permite reclutar infantería.

En llegando a gobierno y profesores el acuerdo es difícil, si no imposible: las actuales autoridades académicas lo son del sistema de gobierno que se pretende cambiar y ellos y el grueso de sus votantes son beneficiarios del sistema de profesorado realmente existente, que también se pretende cambiar. En consecuencia pedir el acuerdo con los beneficiarios del statu quo se parece bastante a exigir una reforma de mínimos en tales asuntos. Si en verdad se pretende cambiar el consenso no parece la vía más fácil: los destinatarios no quieren cambiar, de ahí que no haya faltado voz que defienda un sistema de provisión de profesores que ha ocasionado que se nos ponga en la picota en revistas científicas extranjeras. No se puede hacer la Desamortización con el permiso de los frailes.

En su deseo de combatir el mal gobierno el proyecto de la LOU pretende apartarse de la LRU, mas como el mal gobierno no procede de la sumaria regulación de ésta, sino del mal uso que las Universidades han hecho de su potestad de autoorganización, reeditando las más de las veces técnicas de representación corporativa que recuerdan irresistiblemente a los tercios de las Cortes franquistas, la señora Ministra, se ve forzada a impulsar una ley extensísima, agotadora y detallista, que reduce a la nada la competencia autonómica en la materia y a muy poco la potestad de autoorganización de las Universidades, lo que, a más de ser bien poco deseable desde una perspectiva federal y autonomista, resulta ser razonablemente sospechoso de inconstitucionalidad. Por eso la oposición socialista, que en éste como en otros puntos está, en el fondo, de acuerdo con el análisis gubernamental, hace una oposición suave para cubrir el expediente: que los conservadores carguen con los costes de una limpieza de todo punto necesaria que ya llegaremos nosotros para cambiar la ley en sentido autonomista, eso sí, después que se haya pasado el bulldozer.

Algo similar ocurre con el problema del profesorado. El sistema LRU adolecía de ingenuidad: en la Universidad nunca se han reclutado profesores según criterio de mérito y capacidad, se han reclutado siempre según mecanismos de cacicato y clientela. Al ignorar el sistema realmente existente el método LRU era sumamente vulnerable al fraude, como se ha visto. Tal método, empero, tenía una virtud de la que carecía su predecesor: era más flexible y descentralizado, y, por ello si ha fracasado en punto a mejorar la calidad de los candidatos, ha sido más eficaz en punto a proveer personal. Números cantan: si en 1982, el profesorado no funcionario se hallaba por encima del ochenta por ciento hoy se halla en el entorno de la mitad. La idea de sustituir el modelo actual por uno de habilitación, destruyendo así una de las claves del sistema de patronazgo realmente existente, esto es, que los concursos de acceso no sean generales y al cuerpo, sino particulares y a un puesto determinado, no es mala, y se corresponde con el proyecto ministerial paralizado por la oposición de CiU durante la última legislatura socialista, razón por la cual el PSOE adopta aquí la misma postura: que los conservadores carguen con los costes de la necesaria ruptura, que luego ya vendremos a arreglar el estropicio.

Y la verdad es que lo que en estos momentos está en el Congreso, una suerte de mixtura entre habilitación y oposiciones de ámbito nacional, tiene la propiedad de reunir las pegas de ambos sistemas y muy pocas de las virtudes de ambos, se lo pone como a Fernando VII. Aunque ciertamente pueda argumentarse en su favor, como se ha hecho, que al menos el sistema anterior garantizaba por sí mismo, un grado de preparación y conocimientos que, por sí mismo, no da su sucesor. Intuyo que buena parte de la oposición profesoral va por ahí: si antes se entraba por concurso nacional y ahora se va a volver a entrar por concurso nacional, los creados por el método de localista de la LRU ¿cómo van a escapar a la imputación de ser numerarios de segunda? Por cierto que la lógica del sistema arrastra una consecuencia que a más de un patrón pone los pelos de punta: la habilitación óptima por ministerio de la ley de los numerarios pre-LRU que hoy no sean cátedros. Y no por la competencia, sino porque esos están mayoritariamente fuera de las clientelas y por ello introducen un factor de adicional incertidumbre acerca del mapa del poder en cada disciplina, que es la madre del cordero.

Tal parece como si aquí nadie quisiera estar en su papel, fuera de los sindicatos, que son los únicos coherentes: tras haberse olvidado de los numerarios y colaborado a construir el tinglado corporativo es lógico que no les guste un proyecto destinado a potenciar los primeros y minorar lo segundo, aunque se trate de un posicionamiento a corto que, como dice el castizo, 'es más de derechas que San Patrás'. Lo que no acabo de entender en esta historia es la falta de cintura del Gobierno. Su inflexibilidad está permitiendo la formación de una suerte de Frente Único anti-LOU, entre fuerzas y grupos cuyos proyectos están frecuentemente más distantes entre sí que respecto del gubernamental. Con lo fácil que sería descargar el proyecto de paja y dejarlo en un tercio para dar espacio legislativo a los nacionalistas en el poder, a lo que tendría que asentir el PSOE, pactar un sistema presentable de habilitación, que es lo que los expertos socialistas piensan es la mejor solución si han de mantenerse los cuerpos de funcionarios y plantear directamente una articulación más presentable de sistema de financiación y becas, lo que cogería con el pie cambiado a más de uno. Pero, a lo que parece, los tiros no van por ese camino, si por las declaraciones del Sr. Presidente del Gobierno hay que juzgar. Y es que dejarse aconsejar por las vísceras nunca ha sido muy inteligente.El debate de la LOU que comienza me parece interesante no sólo por su contenido, sino también por la forma en que se está planteando. La necesidad de un cambio profundo en la LRU, a fin de remediar sus defectos y omisiones, era sentido como general en la comunidad universitaria, en las administraciones educativas y en los grupos parlamentarios. Nadie ha sostenido que la LRU, cuya evaluación general es positiva, mal que pese a algunos sectarios, no requiriera cambios, a comenzar por sus propios autores. Además había acuerdo general en que eran precisos cambios en el sistema de gobierno, en el régimen de profesorado, en los sistemas de becas, en la regulación de las actividades no académicas y en la financiación. Pero mientras en cuestiones como las dos últimas el acuerdo no presentaba dificultades insalvables la cuestión de las becas entraña cambios en profundidad en su ordenación y cuantía que ponen en cuestión el sistema de financiación y ahí hay un acuerdo general negativo: las universidades prefieren no insistir más allá de lo formulario en la cuestión becaria porque no desean otro cambio en el sistema de financiación que no sea el aumento de las subvenciones. El compromiso apócrifo se viste con las galas de la unánime petición de mayores subvenciones: es preferible librar la batalla del dinero con el consejero que con los alumnos reconvertidos en clientes. Además, aunque el compromiso apócrifo sea esencialmente reaccionario (el método de financiación actual opera como un sistema de transferencia de rentas a favor de los grupos sociales bienestantes que obtienen la mayor parte de sus rentas de fuentes que no son el trabajo), suena 'progre' y queda bien. Y permite reclutar infantería.

En llegando a gobierno y profesores el acuerdo es difícil, si no imposible: las actuales autoridades académicas lo son del sistema de gobierno que se pretende cambiar y ellos y el grueso de sus votantes son beneficiarios del sistema de profesorado realmente existente, que también se pretende cambiar. En consecuencia pedir el acuerdo con los beneficiarios del statu quo se parece bastante a exigir una reforma de mínimos en tales asuntos. Si en verdad se pretende cambiar el consenso no parece la vía más fácil: los destinatarios no quieren cambiar, de ahí que no haya faltado voz que defienda un sistema de provisión de profesores que ha ocasionado que se nos ponga en la picota en revistas científicas extranjeras. No se puede hacer la Desamortización con el permiso de los frailes.

En su deseo de combatir el mal gobierno el proyecto de la LOU pretende apartarse de la LRU, mas como el mal gobierno no procede de la sumaria regulación de ésta, sino del mal uso que las Universidades han hecho de su potestad de autoorganización, reeditando las más de las veces técnicas de representación corporativa que recuerdan irresistiblemente a los tercios de las Cortes franquistas, la señora Ministra, se ve forzada a impulsar una ley extensísima, agotadora y detallista, que reduce a la nada la competencia autonómica en la materia y a muy poco la potestad de autoorganización de las Universidades, lo que, a más de ser bien poco deseable desde una perspectiva federal y autonomista, resulta ser razonablemente sospechoso de inconstitucionalidad. Por eso la oposición socialista, que en éste como en otros puntos está, en el fondo, de acuerdo con el análisis gubernamental, hace una oposición suave para cubrir el expediente: que los conservadores carguen con los costes de una limpieza de todo punto necesaria que ya llegaremos nosotros para cambiar la ley en sentido autonomista, eso sí, después que se haya pasado el bulldozer.

Algo similar ocurre con el problema del profesorado. El sistema LRU adolecía de ingenuidad: en la Universidad nunca se han reclutado profesores según criterio de mérito y capacidad, se han reclutado siempre según mecanismos de cacicato y clientela. Al ignorar el sistema realmente existente el método LRU era sumamente vulnerable al fraude, como se ha visto. Tal método, empero, tenía una virtud de la que carecía su predecesor: era más flexible y descentralizado, y, por ello si ha fracasado en punto a mejorar la calidad de los candidatos, ha sido más eficaz en punto a proveer personal. Números cantan: si en 1982, el profesorado no funcionario se hallaba por encima del ochenta por ciento hoy se halla en el entorno de la mitad. La idea de sustituir el modelo actual por uno de habilitación, destruyendo así una de las claves del sistema de patronazgo realmente existente, esto es, que los concursos de acceso no sean generales y al cuerpo, sino particulares y a un puesto determinado, no es mala, y se corresponde con el proyecto ministerial paralizado por la oposición de CiU durante la última legislatura socialista, razón por la cual el PSOE adopta aquí la misma postura: que los conservadores carguen con los costes de la necesaria ruptura, que luego ya vendremos a arreglar el estropicio.

Y la verdad es que lo que en estos momentos está en el Congreso, una suerte de mixtura entre habilitación y oposiciones de ámbito nacional, tiene la propiedad de reunir las pegas de ambos sistemas y muy pocas de las virtudes de ambos, se lo pone como a Fernando VII. Aunque ciertamente pueda argumentarse en su favor, como se ha hecho, que al menos el sistema anterior garantizaba por sí mismo, un grado de preparación y conocimientos que, por sí mismo, no da su sucesor. Intuyo que buena parte de la oposición profesoral va por ahí: si antes se entraba por concurso nacional y ahora se va a volver a entrar por concurso nacional, los creados por el método de localista de la LRU ¿cómo van a escapar a la imputación de ser numerarios de segunda? Por cierto que la lógica del sistema arrastra una consecuencia que a más de un patrón pone los pelos de punta: la habilitación óptima por ministerio de la ley de los numerarios pre-LRU que hoy no sean cátedros. Y no por la competencia, sino porque esos están mayoritariamente fuera de las clientelas y por ello introducen un factor de adicional incertidumbre acerca del mapa del poder en cada disciplina, que es la madre del cordero.

Tal parece como si aquí nadie quisiera estar en su papel, fuera de los sindicatos, que son los únicos coherentes: tras haberse olvidado de los numerarios y colaborado a construir el tinglado corporativo es lógico que no les guste un proyecto destinado a potenciar los primeros y minorar lo segundo, aunque se trate de un posicionamiento a corto que, como dice el castizo, 'es más de derechas que San Patrás'. Lo que no acabo de entender en esta historia es la falta de cintura del Gobierno. Su inflexibilidad está permitiendo la formación de una suerte de Frente Único anti-LOU, entre fuerzas y grupos cuyos proyectos están frecuentemente más distantes entre sí que respecto del gubernamental. Con lo fácil que sería descargar el proyecto de paja y dejarlo en un tercio para dar espacio legislativo a los nacionalistas en el poder, a lo que tendría que asentir el PSOE, pactar un sistema presentable de habilitación, que es lo que los expertos socialistas piensan es la mejor solución si han de mantenerse los cuerpos de funcionarios y plantear directamente una articulación más presentable de sistema de financiación y becas, lo que cogería con el pie cambiado a más de uno. Pero, a lo que parece, los tiros no van por ese camino, si por las declaraciones del Sr. Presidente del Gobierno hay que juzgar. Y es que dejarse aconsejar por las vísceras nunca ha sido muy inteligente.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.