El Constitucional exige que el juez controle la escucha para prorrogarla
Una sentencia del Tribunal Constitucional, hecha pública ayer, anula las autorizaciones judiciales de intervención policial telefónica contra un supuesto contrabandista, por habérsele vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones, como consecuencia de que el juez prorrogó sucesivamente las escuchas sin controlar las ya realizadas. Razona así: 'El juez debió haber hecho referencia a los resultados obtenidos en la investigación para, si a la vista de ellos resultaba así justificable, ratificar la medida'.
El recurso de amparo lo interpuso José Antonio M. G., condenado en 1998 en Santander a dos años de prisión y 5,5 millones de pesetas de multa por un delito de contrabando, tras una serie de intervenciones telefónicas, seguidas de aprehensiones de géneros de contrabando y detenciones.
El Constitucional anula las cuatro resoluciones del juez de instrucción de Santander que prorrogaron las intervenciones telefónicas sin conocer los resultados de las anteriores y retrotrae las actuaciones al momento anterior a la formulación de la acusación, por si, una vez excluidas las pruebas así obtenidas, 'restan o no otras constitucionalmente legítimas, capaces de sustentar la declaración de culpabilidad y la condena del recurrente'.
