La vigencia de la salud pública
La sociedad occidental actual ha alcanzado niveles de calidad de vida, salud y bienestar que no podían ser imaginados hace tan siquiera 100 años. Ni la supervivencia ni la alimentación son un problema básico. Prácticamente ya no fallecen niños ni tampoco parturientas, y la educación y los medios de desarrollo personal nunca han estado tan extendidos. La muerte es algo alejado, los ancianos agonizan en los hospitales, en los conflictos no mueren soldados occidentales, y en las Torres Gemelas no vimos víctimas. Casi parecemos inmortales.
Esto nos ha llevado a tener una sensación de seguridad que ha motivado la dificultad de asumir que la vida, a pesar de todo, sigue teniendo riesgos, y situaciones como una intoxicación masiva por un producto químico no identificado, o un brote de legionelosis no se conciben como posibles. Los casos de ántrax en EE UU nos sumen en un estado de confusión poco relacionado con la dimensión real del problema, y la idea de que podemos conseguir un riesgo cero para nuestras vidas está tan difundida que muchos políticos se creen en la obligación de garantizarlo.
La idea del 'riesgo cero' es tan común que muchos políticos se creen obligados a garantizarlo
Los profesionales que trabajamos en salud pública convivimos de cerca con esta contradicción. La globalización de los procesos industriales y de la comunicación hacen que periódicamente nos veamos sacudidos por situaciones de crisis que pueden afectar a un número elevado de personas sin respetar fronteras geográficas. En estos casos, las noticias y con ellas la alarma se difunden, en tan sólo unos minutos, a todo el planeta. Hemos asistido a la crisis de las vacas locas, la contaminación por dioxinas, los brotes de legionela, etcétera, calificadas como inadmisibles por nuestra sociedad de riesgo cero, lo que aboca a algunos de nuestros dirigentes a obviarlas mientras no han saltado a los medios de comunicación, y a intentar hacerlas desaparecer cuando son públicas, con medidas puntuales a veces tan excesivas como inoperantes.
Queremos que los edificios se construyan con criterios y materiales que eviten los incendios, pero sabemos a ciencia cierta que éstos se seguirán produciendo y nadie duda de la necesidad de disponer de cuerpos de bomberos bien entrenados. Tampoco cunde el pánico en la ciudad cuando se produce un incendio, y a ninguno de nuestros alcaldes se le ocurre dirigir las operaciones de extinción.
En salud pública tampoco se podrá evitar que se sigan produciendo situaciones de crisis, porque la vida tiene componentes de azar que no podemos controlar. Por ello los profesionales de la salud pública trabajamos para detectar precozmente aquellos episodios que pueden tener impacto sobre la salud de los ciudadanos, para establecer medidas encaminadas a solucionarlos con rapidez. Controlamos el medio ambiente monitorizando las emisiones que se producen al aire, al agua, etcétera. Inspeccionamos las industrias para conocer qué procesos realizan y cómo se llevan a cabo. Vigilamos permanentemente las enfermedades para detectar cualquier cambio en su tendencia que nos permita prever situaciones de crisis. Pero si se produce una alerta o un brote epidémico, como los bomberos, tenemos que intervenir.
Sin embargo, no será posible ofrecer salud pública de calidad mientras sólo se le dedique el 0,7% (ironías del destino) del presupuesto que se gasta en sanidad. Ni mientras en una comunidad como la de Madrid haya un médico especialista de hospital por cada 516 habitantes frente a un profesional de salud pública por cada 25.000 habitantes. Probablemente, es necesario que los ciudadanos sigan reclamando mejor salud pública para todos, pero además nuestros dirigentes tendrán que aprender que la resolución de las crisis de salud pública, como la de los incendios, es técnica.
La labor política, económica, legislativa y social que puede contribuir a evitarlas es previa o posterior a la propia crisis. Los profesionales de la salud pública también tenemos una tarea, la de defender un trabajo técnico y profesional y protestar cuando se producen intromisiones políticas, como lo harían los bomberos si se enviara a los señores diputados a apagar incendios.
Karoline Fernández de la Hoz y Pedro Arias son médicos epidemiólogos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
