Ni igualdad real ni adopción
La medida anunciada ayer por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón se circunscribe al ámbito de competencias autonómico. Concretamente, ciñe la equiparación de las parejas de hecho, sea cual sea su orientación sexual, exclusivamente a los 'derechos que la legislación de derecho público de la Comunidad de Madrid reconoce a las parejas que han contraído matrimonio'. Esta circunstancia impide una equiparación plena, de tal modo que no se reconoce la adopción ni el matrimonio a los homosexuales (la primera competencia no ha sido traspasada y la segunda requiere cambiar el Código Civil).
La posibilidad de que el Gobierno regional permitiera la acogida está avalada por un estudio que la comunidad encargó a la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y al Colegio de Psicólogos de Madrid sobre el desarrollo de los niños en familias formadas por gays o lesbianas. Las conclusiones del informe, que se presentó el pasado día 4, señalaban que los niños que se educaban con gays o lesbianas 'presentan una autoestima de nivel medio-alto, así como un buen ajuste emocional y una buena integración'. 'No existen apenas diferencias entre los hijos e hijas de familias compuestas por parejas heterosexuales', concluían los autores del informe, que encargó el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades.
Para la presidenta del Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid (Cogam), Boti García Rodrigo, la ley de Ruiz-Gallardón revela las insuficiencias que aún hay en España respecto a la equiparación de las parejas de homosexuales. 'Somos menos iguales que los heterosexuales', afirma. Para empezar, sigue sin reconocerse a nivel estatal el matrimonio entre homosexuales, la gran demanda de los grupos de gays, lesbianas y transexuales. 'Con ello no harían falta tantas leyes autonómicas', afirma. 'Además, se pide un tiempo de convivencia de un año para poder inscribirse en el registro. Esto es tan ridículo como si a un matrimonio se le exigiera que mantuviera relaciones prematrimoniales durante un año antes de ir al juzgado', ironiza.
También las condiciones para romper la relación son distintas. Las parejas pueden pactar su régimen económico, lo que puede ser 'injusto' para una de las partes, que acepta la situación con tal de reconocer su estatus.
La profesora de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Teresa Bendito, apuntó que esta situación también 'podría tener ventajas'. 'Para romper una relación basta con que uno de los miembros tome la decisión', explicó. Boti García contesta: 'Es como decir que nuestras parejas son menos importantes'.
