El año del urbanismo
Este año está siendo, hasta el último día, el año del urbanismo. Cierto que tenemos otros temas de relumbre, como la reforma del Estatut o casos flagrantes de fraude fiscal (Terra Mítica) y tráfico de influencias (Fabra e Ivex). Pero este año, de lo que hemos aprendido en serio los lectores de prensa valencianos es de urbanismo; no hemos tenido más remedio que enterarnos de lo que es un PAI, y de los males del urbanismo valenciano que provienen de una ley impronunciable en más de un sentido, la denostada LRAU. Su sola mención asusta con razón desde hace un par de años en algunas comarcas, pues son muchos los afectados directamente por su despiadada aplicación (muchos más que unos cuantos listillos extranjeros), pero ha sido a lo largo de los últimos meses cuando ha crecido su (im) popularidad más allá de las comarcas de las Marinas.
En 2005 hemos conocido con horror cifras escandalosas que acercan a ciento veinte millones de metros lo urbanizado al "calor" de la LRAU y a casi cien millones de metros cuadrados el territorio en proceso de ser urbanizado, con una previsión de casi un millón de viviendas en los próximos diez años. Estos datos marean si se traducen en población y necesidades de infraestructuras y servicios. Varios proyectos de macrourbanizaciones han provocado polémicas con importante presencia en la política y cada vez más en la calle, por la oposición de vecinos y ecologistas: en Alicante el plan de Rabassa, el de Mundo Ilusión en Oropesa-Cabanes (conectado al proyectado aeropuerto), en Riba-roja el plan de Porxinos (disfrazado de Ciudad Deportiva del Valencia CF), en Tavernes de Valldigna, un plan de Bancaja (éste disfrazado de centro empresarial) que convertirá lo que queda de costa casi virgen en un paseo marítimo urbanizado que desembocará en Cullera ante las 33 torres de 25 alturas planeadas por el IVVSA. También hemos sabido de pueblecitos que podrían multiplicar por diez su población de llevarse a cabo los planos propuestos y de proyectos de campos de golf para muchos municipios de nuestra Comunidad que, por lo visto, los necesitan. La política valenciana ha tenido a lo largo del año trasfondo urbanístico, como indudable tema estrella a nivel municipal y en lo autonómico como arma arrojadiza entre los dos partidos mayoritarios. Se han publicado la relación de PAI de ayuntamientos de uno y otro signo y no hay color: gana el PP. Como mejor exponente de lo que significa en términos contantes y sonantes, la información privilegiada, hemos conocido el caso del enriquecimiento del alcalde de Torrevieja con una sola operación urbanística. Y, en resumen, todos hemos entendido perfectamente qué se quiere decir con la expresión pelotazo urbanístico, aunque nos cuesta imaginar que la especulación reporte beneficios tan descomunales a unas pocas empresas.
Como telón de fondo, el cacareado e hipócrita reconocimiento de la necesaria reforma de la LRAU. Ya en 2003 se habló de la modificación de esta ley y en 2004 se anunció para el primer trimestre de 2005; el Consell presentó el anteproyecto de la LUV a les Corts en junio, pero seguramente tampoco estará aprobada en el primer trimestre de 2006. Está claro que no hay ninguna prisa ni interés en cambiar una norma que ha provocado denuncias y críticas de las instituciones europeas y del propio Síndic de Greuges en los últimos informes.
El anuncio de la inminente modificación de la normativa que ha estado permitiendo el desmadre urbanístico y un crecimiento desaforado de los pueblos del litoral valenciano y de las zonas más bellas del interior, sin previsiones ni planeamiento racional, ha provocado un efecto de llamada a más planes de urbanización, algo así como un "construid, construid, que el chollo se acaba". Y así pudimos ver, consternados, cómo los abultadísimos DOGV de finales de junio comprometían cientos de planes urbanísticos para urbanizar lo no urbanizable, sin modificación de los PGOU, simplemente se publicaron antes del 1 de julio, aprovechando el periodo anterior a la entrada en vigor de la LOTPP.
Hemos seguido el importante interés de las instituciones europeas por la ley valenciana: en marzo la Comisión Europea inició un procedimiento por infracciones de la normativa de contratación pública, cometidas al amparo de la LRAU; en junio supimos de la visita de una delegación del Parlamento europeo, también alertado por las 15.000 denuncias presentadas ante las tropelías administrativas y los atentados a derechos fundamentales; en noviembre el Parlamento acaba de recomendar a las autoridades valencianas una moratoria del desarrollo urbanístico; esta semana el pleno del Parlamento debate el caso de los abusos en nuestra Comunidad. ¡Europa, (si existes) líbranos de nosotros mismos!
Y por estos lares, el más alto responsable de la política urbanística, cual broche de oro para el año del urbanismo, se toma algunas molestias por intentar colarle a las Corts una modificación de la LOT que sólo pretende una moratoria, sí, pero para retrasar dos años las obligaciones con las que las empresas urbanizadoras que construyen sobre suelo declarado no urbanizable deberían compensar a los municipios. El urbanismo tiene muchas curiosidades, los tecnicismos de la disciplina esconden trampas como esta: que esté más que previsto cómo urbanizar lo declarado no urbanizable. Parece ser que a ello se han dedicado este año las empresas del sector, que se han abalanzado sobre el territorio valenciano en plan depredador, sabiendo que lo de urbanizable o no urbanizable no es etiqueta que plantee por el momento serios problemas para acabar urbanizando. (A salvo sólo queda el suelo protegido).
En una prestidigitación procedimental y política, el conseller disfraza de medida "pro bien público" este último regalito a las urbanizadoras, ya que junto al aplazamiento a julio de 2006 se extendería la obligación de compensar a todos los proyectos que se llevaran a cabo sobre suelo no urbanizable, y no sólo para los que superaran un índice de edificabilidad o volumen de negociazo, como venía en la redacción de la LOT que se pretendía reformar a través de fe de erratas, con mofa y befa de la institución parlamentaria. La argucia política era replicarle al PSPV que si se opone, se opone a hacer más extensiva esta medida. Pero, por favor señor conseller, no ofenda la inteligencia de los que siguen el culebrón urbanístico; está claro que los atentados urbanísticos se seguirán perpetrando alargando lo más posible el tiempo de vigencia de normas de dudosa corrección como la LRAU. Y si no, al tanto con las disposiciones transitorias y adicionales de la futura LUV y demás ingeniería -o chapucería- jurídica. Sin embargo, no tardará mucho en llegar un endurecimiento de la normativa (con lo pesados que se están poniendo estos funcionarios europeos), lo que hará más difícil el negocio que en los últimos tiempos ha crecido hasta hacer peligrar el futuro sostenible de la Comunidad. Para julio de 2006 ya estará prácticamente todo el pescado vendido.
Yolanda Verdú es licenciada en Derecho y colaboradora de Abusos Urbanísticos No.
