50.000 usuarios se quedan en tierra por la huelga de autobuses Llorente
El conflicto laboral se agrava tras las agresiones sufridas por varios conductores
Unos 200 usuarios de los autobuses de la empresa Llorente, concesionaria del transporte interurbano de parte del noroeste de la región, bloquearon ayer la salida a los vehículos del intercambiador de transportes de Moncloa y cortaron la avenida de los Poblados a la altura de Aluche. Estaban hartos de aguantar una huelga que comenzó el pasado 2 de noviembre. Las agresiones sufridas por los conductores en la protesta -11 heridos leves, según CC OO- provocaron que éstos se negaran a continuar con su trabajo hasta que se garantice su seguridad. Eso hizo que el servicio quedara totalmente suspendido, lo que dejó en tierra al menos a 50.000 personas que usan a diario estas líneas de autobuses. La empresa ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid mayor protección para sus vehículos y trabajadores.
La huelga iniciada el pasado 2 de noviembre por los 280 conductores de la empresa Llorente ha minado la paciencia de muchos de sus clientes. La compañía presta servicio entre Madrid y los municipios de Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte. Según CC OO, utilizan el servicio a diario entre 80.000 y 90.000 personas.
Los empleados solicitan que se les paguen las horas extras -entre media hora y una hora diaria- y un mejor mantenimiento de los vehículos. Los conductores tienen previsto mantener su protesta hasta el próximo jueves, y el lunes y martes de la semana próxima.
Ayer por la mañana, los nervios de unos 200 viajeros estallaron en el intercambiador de Moncloa y en la avenida de los Poblados, a la altura de Aluche. Las protestas desembocaron en agresiones físicas y verbales a los conductores. José Antonio Sanz, representante de Comisiones Obreras en la empresa, informó: "Los servicios médicos han atendido a ocho conductores con crisis nerviosas. A otros dos les han propinado un puñetazo, y a otro le han agarrado del cuello amenazándole con una navaja".Como consecuencia de los altercados, el servicio permaneció cortado desde las 10.30. A última hora de ayer, los conductores seguían encerrados en las cocheras de la empresa, en Pozuelo de Alarcón. La compañía envió un fax a la Delegación de Gobierno pidiendo un refuerzo policial.
En este documento, la empresa indica que un grupo de trabajadores en huelga impidió ayer que los servicios mínimos salieran a hacer su ruta, ya que de los 60 autobuses previstos tan sólo consiguieron hacerlo 10 unidades a las 6.30, "lo que provocó la lógica tensión entre los viajeros".
Por otra parte, la patronal explica que en los días de huelga ha sufrido la rotura de 60 lunas de autobuses y 49 pinchazos de ruedas. También señala que algunos de estos ataques se produjeron durante la ruta de transporte de viajeros, con el consiguiente peligro para éstos.
Insiste la empresa en que los trabajadores están siendo amenazados para que no realicen los servicios mínimos o bien para obligarlos a regresar a las cocheras sin cubrirlos. Asimismo, ha sufrido un aviso de bomba en un autobús. La compañía asegura que todos estos hechos han sido denunciados en la comisaría de policía de Pozuelo de Alarcón.
Según fuentes de la Delegación del Gobierno, ésta ha dado instrucciones a la Jefatura Superior de Policía para reforzar el dispositivo policial, que ya había, y garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos. Al mismo tiempo, los agentes de seguridad tienen orden de evitar altercados.
Motín
El motín de los viajeros comenzó ayer alrededor de las siete de la mañana, cuando un grupo de personas se situó delante de uno de los vehículos que cubren el trayecto entre Pozuelo y Madrid, impidiendo su salida. José, que se encontraba en el intercambiador de Moncloa a las siete de la mañana, recuerda: "El autobús se había llenado, y una multitud esperaba fuera. Cada vez se ponían más personas delante del vehículo, impidiéndole salir".
"Unos 15 minutos después, aparecieron cuatro policías municipales. Pero no pudieron hacer nada debido al tumulto que ya se había formado", prosigue José. Los usuarios pasaron de bloquear al autobús a taponar la salida del intercambiador, por lo que su protesta afectó a otras empresas que utilizan las dársenas de la estación.
La situación se complicó tanto que fue necesaria la intervención del Cuerpo Nacional de Policía. "Unos 15 agentes disolvieron la concentración sin que se produjeran incidentes. Fueron correctísimos y consiguieron que la gente dejara de interrumpir el tráfico de autobuses", agrega el mismo testigo. Éste llegó a su puesto de trabajo en Majadahonda a las 10.30, después de tomar un autobús que hacía el trayecto Aluche- Las Rozas.
Dexi, una empleada de hogar de origen ecuatoriano, comentaba, tras pasar media mañana en el intercambiador de Moncloa: "Ya llevamos sufriendo muchas semanas de huelga. Todos entendemos que es un derecho, pero no podemos más".
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía confirmaron que a las 8.30 intervino la policía para despejar las rampas de entrada y salida del intercambiador de Moncloa, que estaban cortadas por unas 200 personas. Los retrasos que se produjeron en la entrada por el Bus-VAO hicieron que algunos usuarios decidieran abandonar los autobuses y continuar andando hasta Moncloa. En la avenida de los Poblados hubo tráfico intenso, con paradas prolongadas, entre las 8.25 y las 10.00.
La situación entre los viajeros y los conductores estaba enrarecida desde hacía tiempo. El 8 de noviembre, Pedro Moreno, conductor de la empresa y representante de CC OO, comentaba a EL PAÍS que en Aluche las personas que no pudieron entrar en los distintos autobuses por exceso de público decidieron cortar el paso a los vehículos hasta que les dejaran entrar. "Los conductores reciben insultos y los coches van tan llenos que hasta la visibilidad es escasa", relataba Moreno.
Los representantes de los trabajadores enviaron faxes a los Ayuntamientos de las localidades afectadas, al Consorcio Regional de Transportes y a la empresa Llorente en los que amenazaban con no cumplir los servicios mínimos si no se garantizaba la seguridad. Los trabajadores mantuvieron durante el día de ayer la misma postura: "Hasta que no se garantice la seguridad a los conductores, no saldremos a la calle".
Mes y medio de paros
Las posturas entre los 280 conductores y la dirección de la empresa Llorente se encontraban ayer todavía alejadas. Los puntos de desencuentro son muchos. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los trabajadores convocaron huelgas entre los días 2 de noviembre y 20 de diciembre, con un horario de 6.20 a 9.30 y de 17.30 a 20.30, y de lunes a jueves. El Consorcio de Transportes fijó los servicios mínimos durante la protesta en el 50% por tratarse de un servicio público.
La discrepancia fundamental es que los empleados exigen a la empresa que se les reconozcan y paguen las horas extras que hacen cada día: "Entre media hora y una hora", según los cálculos de CC OO. Los trabajadores culpan del exceso de trabajo a la mala organización. "Nos ponen unos tiempos para realizar las rutas que son imposibles de cumplir", explican.
La compañía ha respondido con una propuesta de subida de 12 euros al mes. Además, los empleados piden turnos fijos, que la dirección se ha comprometido a estudiar. Otro de los puntos fundamentales por los que luchan los conductores es la mejora de la seguridad y mantenimiento de los vehículos, según explica José Antonio Sanz, portavoz de CC OO. El sindicalista recordaba que ayer "se quedó uno de los autobuses sin frenos". Esta queja se repite casi a diario.
Además, los conductores esperan que se actualice y aumente la frecuencia de los servicios, "la misma que hace cuatro años".
Uno de los sindicatos convocantes de la huelga, USO-Madrid, declaró a Efe que las reivindicaciones que llevan a cabo no son de carácter económico, "sino mejoras sociolaborales imprescindibles para trabajar con seguridad y dar un buen servicio".
La consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que el convenio colectivo de la empresa Llorente vence el 31 de diciembre próximo, por lo que todavía está vigente. Sin embargo, el comité de empresa ha comenzado a hacer una huelga antes de pactar el convenio para presionar en la negociación, según la consejera. De Cospedal comprende a los usuarios y ve "lógico" que se enfaden cuando no se cumplen los servicios mínimos.
Ante la imposibilidad de que las partes se sentaran a negociar, el viernes pasado hubo una reunión auspiciada por la consejería, informaron fuentes del Gobierno. Transportes anuncia que, si la Delegación de Gobierno no garantiza los servicios mínimos, el Consorcio Regional de Transportes estudiará a partir del miércoles medidas alternativas que aseguren el derecho a la huelga de los trabajadores y la seguridad de los ciudadanos afectados.
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