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La situación de Marbella

El PGOU de Marbella no convence

El rechazo al plan urbanístico reúne a constructores, ecologistas y plataformas ciudadanas

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que la Junta de Andalucía ideó como solución a todos los desmanes urbanísticos cometidos en los últimos 15 años en Marbella reciben críticas de todos los frentes. Dos días después de cerrarse el plazo de alegaciones, y con más de 6.000 quejas presentadas, los diferentes sectores implicados siguen poniendo pegas.

Los constructores ha pedido que se redacte un documento nuevo porque ven "ingestionable" el redactado por la Junta y auguran que traerá "crispación e inseguridad jurídica" a la ciudad. Los propietarios de la viviendas ilegales piden que no les obliguen a pagar por los desmanes que cometieron los promotores y organizaciones como Ecologistas en Acción temen que una vez aprobado, termine convirtiéndose en una "amnistía general".

La respuesta masiva de los ciudadanos será uno de los principales argumentos a los que recurrirá el Ayuntamiento para cambiarlo según sus criterios. Sin embargo, la Junta tendrá la última palabra, ya que le corresponde aprobarlo definitivamente.

Todavía faltan varios meses para comprobar los cambios que el Ayuntamiento de Marbella hará al nuevo PGOU de la ciudad, aunque la alcaldesa ya ha pedido a los representantes de la Junta un compromiso previo de aceptación. Según fuentes consultadas, por el momento ya han comentado que ven "muchas zonas verdes y de equipamiento" en el proyecto de la Junta y que no están de acuerdo con las áreas de regularización establecidas por sus técnicos. Desde hace un tiempo, la alcaldesa cuenta con los consejos de un grupo de expertos que busca nuevas fórmulas para el urbanismo marbellí.

"No conocen la realidad"

Mientras tanto, se van conociendo los contenidos de las alegaciones presentadas por diferentes colectivos, como el de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial que ha pedido que se redacte un nuevo documento "consensuado por los ciudadanos y agentes sociales". "Los redactores no conocen la realidad marbellí, ponen colegios en urbanizaciones en las que no hay niños, los que viven allí están más para el asilo que para las escuelas", comenta Ricardo Arranz, su presidente.

El colectivo también critica la previsión de viviendas de protección oficial porque considera que los compradores de este tipo de viviendas no quieren vivir en urbanizaciones en las que las tasas son enormes y prácticamente no hay servicios. "Han sido concebidas para personas que vienen a la Costa del Sol a descansar", dice Arranz.

A pesar de que el equipo redactor del PGOU ha mantenido varias rondas de reuniones y encuentros con colectivos afectados y partidos políticos, el mensaje de que el documento se ha elaborado sin tener en cuenta sus aportaciones ha calado enormemente. "Hemos celebrado más de 100 reuniones técnicas", trata de explicar el director de la oficina del PGOU, José María Ruiz Povedano. El portavoz de la plataforma de afectados por las compensaciones también cree que el Plan Urbanístico viene impuesto. Este colectivo, que dice representar a los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales de la ciudad, sacó a la calle a cerca de 2.000 personas el pasado lunes.

Sus pancartas protestaban principalmente contra la Administración andaluza. Con lemas como "¿Dónde estaba la Junta cuando se construyó mi casa?" pedían que no les obligaran a pagar por regularizar sus viviendas. No hubo cánticos para las constructoras de esas viviendas ilegales ni para miembros de antiguas corporaciones del GIL. Visto el panorama, organizaciones como Ecologistas en acción temen que el PGOU termine convirtiéndose en una amnistía. "Es curioso que haya gente que todavía no está conforme con lo que se ofrece, que reclaman una ley de punto final", comenta Rafael Ávila, portavoz de la organización. "No entiendo la actitud del pueblo, este plan salva los muebles a muchos, pero todavía quieren más", añade. Ecologistas en acción ha reclamado, también en forma de alegación, que se negocien más dotaciones públicas para la ciudad y que se ejecuten las sentencias judiciales firmes en contra de construcciones ilegales.

PLATAFORMAS CIUDADANAS, CONTRA LA COMPENSACIÓN

José Ortiz, uno de los portavoces de la Plataforma de ciudadanos afectados por el Plan Urbanístico de Marbella cree que el documento es "un castigo" para la ciudad.

Las 2.000 personas que protestaron el pasado lunes pedían, principalmente, que se elimine el sistema de compensaciones para regularizar las 18.000 viviendas ilegales.

Reclaman que se haga borrón y cuenta nueva, y citan como ejemplo otras regularizaciones generales, como la tramitada en Chiclana: "Hay 40.000 viviendas y se han legalizado todas".

EL AYUNTAMIENTO, CONTRA LOS DERRIBOS

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), promovió la aprobación inicial del PGOU de Marbella tras recibirlo de la Junta, pero recela del documento.

La regidora ha repetido en numerosas ocasiones que el PGOU se ha hecho "de espaldas a la ciudad".

Muñoz siempre se ha situado del lado de los compradores de buena fe. Está en contra de las demoliciones.

No permitirá que se obligue a los dueños de las viviendas ilegales a pagar los terrenos que compensen los desmanes urbanísticos cometidos en Marbella.

ECOLOGISTAS: "UN PLAN DEMASIADO BENÉVOLO"

Los ecologistas creen que el Plan Urbanístico es demasiado benévolo y que traerá casi una amnistía para las construcciones irregulares de la ciudad.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Marbella, Rafael Ávila, denuncia que las compensaciones que se están negociando con los promotores que construyeron ilegalmente son insuficientes y reclama más dotaciones públicas para la ciudad.

La organización ha exigido con sus alegaciones que se cumplan las sentencias firmes contra construcciones ilegales y que se haga pagar a los promotores.

PROMOTORES: "AGRAVIOS E INSEGURIDAD JURÍDICA"

La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial pide redactar un nuevo PGOU para Marbella.

Los promotores creen que el texto redactado por la Junta creará "graves situaciones de agravios e inseguridad jurídica".

Su presidente, Ricardo Arranz, asegura que las medidas propuestas traerán "más crispación y enfrentamientos".

"No va a dejar satisfecho a ninguno de los sectores, porque se ha hecho de forma aleatoria, sin conocer la realidad marbellí", dice Arranz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de octubre de 2007

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