El secreto del senador don Ramón

El senador del PP Ramón Palacios, que fue alcalde de La Carolina desde 1960 hasta el pasado mes de mayo, mintió al Senado sobre su verdadera edad al presentar su credencial como parlamentario. En concreto, se quitó cinco años. Según consta en la Secretaría General de la Cámara alta, Ramón Palacios nació en La Carolina (Jaén) el 27 de septiembre de 1925. Así se puede leer en su ficha biográfica de la web del Senado (www.senado.es). La documentación consultada por este periódico confirma el día, el mes, el siglo y la década. Pero tiene el mal gusto de poner como año de nacimiento 1920. Ramón Palacios tiene 87 años, como por otra parte es público y notorio en Jaén, y no 82 como ha hecho creer al Senado.

El asunto trasciende más allá de la coquetería o despiste de Palacios, con quien este periódico no logró ponerse en contacto para conocer su versión.

De haberse conocido su verdadera edad, el senador del PP debería haber presidido la Mesa de Edad del Senado en la jornada de constitución de esta legislatura, el 2 de abril de 2004. Sin embargo, el senador del PP Miguel Barceló (Alicante, 28 de diciembre de 1923), presidió la Mesa de Edad hasta que fue elegido el presidente definitivo, el socialista Javier Rojo. Nadie sabía en ese momento que, en realidad, el senador de más edad de la Cámara era Ramón Palacios. Él tampoco advirtió a nadie ni sacó a los letrados de su error. Esta misma situación se dio en la constitución del Senado en la anterior legislatura, donde también Palacios era el senador más viejo y no presidió la Mesa debido a su engaño.

El senador no ha engañado solamente a la Cámara alta, sino también a su propio partido. Fuentes del PP de Jaén confirmaron sin problemas la verdadera edad de Ramón Palacios. Sin embargo, en la página web del partido (www.pp.es) aparece el mismo dato erróneo: 27 de septiembre de 1925.

Consultadas fuentes de la Cámara alta, es dudoso que la mentira de Palacios, aunque desvirtuó la Mesa de Edad del Senado y un acto tan solemne, sea perseguible judicialmente. Si se valora el daño causado, en realidad no se puede decir que haya afectado a la composición de la Cámara o de la Mesa, que haya alterado el normal funcionamiento de la institución o que haya viciado sus decisiones de alguna manera.

La Cámara alta tampoco cuestiona los datos aportados por los parlamentarios. Rellenan una credencial, pero nadie les pide documentación alguna para acreditar lo que allí pone. No hay tampoco previsto un régimen de sanciones para el caso de mentir en la documentación enviada a la Cámara. No contraviene ningún artículo concreto del Reglamento, que no prevé semejante situación.