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Bruselas amenaza con denunciar a España por la ley catalana de comercio

La Comisión Europea amenazó ayer a España con denunciarla ante la justicia comunitaria si no modifica la legislación que regula en Cataluña el establecimiento de grandes superficies comerciales, informa Efe. El Ejecutivo comunitario anunció el envío de un "dictamen motivado" -el segundo paso del procedimiento de infracción de la Unión Europea- que da a España dos meses para responder a los requisitos de cambios necesarios en la citada normativa.

Bruselas considera que la legislación referente al impuesto de las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados y a la apertura de nuevos establecimientos infringe la libre competencia en el mercado comunitario. La Comisión afirma que las normas catalanas no cumplen el artículo 43 del tratado comunitario sobre libertad de establecimiento.

Asimismo define estas dos leyes que regulan las grandes superficies en Cataluña como "un procedimiento complejo y restrictivo, que no se justifica en consideraciones de ámbito económico".

La tasa que se aplica a las superficies de más de 2.500 metros cuadrados fue aprobada en 2000 por la Generalitat catalana, aún bajo el Gobierno de CiU, para corregir y compensar el impacto territorial y medioambiental de la implantación de los grandes centros comerciales, y fue posteriormente denunciada por la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

La decisión del Ejecutivo de Bruselas no ha pillado por sorpresa al Departamento de Innovación, Universidad y Empresa, teniendo en cuenta que las críticas de la Comisión Europea se arrastran desde hace siete años, pese a las modificaciones que ha sufrido la normativa del sector. En diciembre de 2005, el Parlament aprobó la Ley de Equipamientos Comerciales, que sólo permitirá abrir grandes superficies en las "tramas urbanas consolidadas" de las poblaciones. Las tiendas medianas de electrodomésticos, electrónica y deportes requerirán licencia de la Generalitat, además de la de los ayuntamientos. La Generalitat espera a conocer el contenido preciso del dictamen antes de valorar la decisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de octubre de 2007