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CiU ve persecución política y no judicial en el 'caso' del 20%

Felip Puig obvia el auto judicial y defiende su "honorabilidad"

Convergència i Unió (CiU) ha decidido poner sordina y obviar el fondo del auto judicial que revela el pago de comisiones del 20% en obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol. Los nacionalistas agudizaron ayer su estrategia para intentar presentar el caso como una simple rencilla política, de la que se declaran víctimas. "Debe ser casual que aparezcan de nuevo informaciones sobre este caso después de que CDC y en este caso mi persona hayamos tomado determinadas decisiones políticas". Lo dijo ayer Felip Puig, consejero de Política Territorial en la época del presunto pago de las comisiones ilegales y ahora a punto de convertirse en número dos del partido de Artur Mas.

Puig pasó por alto los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental que imputa el juez a toda la cúpula de Adigsa que, además, eran militantes de Convergència Democràtica. Se limitó a hablar de supuestas maniobras de desprestigio por parte de sus "rivales políticos". No citó al juez instructor del caso de las comisiones, pero sí al secretario de Organización del Partit dels Socialistes, José Zaragoza, y al resto de formaciones que integran el Gobierno catalán.

En opinión de Puig, el hecho de que el juez haga notar en el escrito que los principales acusados sean militantes de CDC no es una información relevante. "El juez sólo constata que los dirigentes de una empresa pública eran militantes de un partido", dijo Puig. Entre los impuados figuran Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de la empresa de rehabilitación de vivienda pública, Adigsa. Falcó es en la actualidad primer teniente de alcalde por CiU del Ayuntamiento de Badalona.

Comisión de investigación

Pese a ello, Puig mantuvo ayer que "no tiene nada que ver con ningún supuesto de actuación irregular desde el ámbito de la política". Por eso lamentó que ahora el asunto intente politizarse, sobre todo cuando CDC está enfrascada en el proyecto de refundación del catalanismo y él, en particular, a punto de ser nombrado secretario general adjunto del partido.

Si por la mañana era Felip Puig quien defendió su "honorabilidad" en una conferencia de prensa en el Parlament, el presidente de CDC, Artur Mas, hizo lo mismo por la tarde en la sede del partido, informa Anna Guardiola. También echó tierra sobre el auto judicial: "¿Cuántos casos se ponen sobre la mesa y luego no llegan a nada?", se preguntó. Mas aseguró no haber hablado con ninguno de los militantes de CDC imputados por el juez. Y es que pese a las numerosas citas que el juez hace a este partido en el auto, Mas aseguró: "El caso no tiene ninguna relación con nosotros".

Fue la socialista Carme Figueras quien ayer recordó que los ahora imputados por el juez eran "subordinados" de Felip Puig en su época como consejero. Por esta razón exigió al virtual número dos convergente, que aporte "todos los datos" sobre el caso. Eso sí, Figueras no se mostró partidaria de reabrir la comisión de investigación creada en la pasada legislatura cuando estalló la polémica por el pago de comisiones en obra pública.

Esquerra Republicana, el Partido Popular, Iniciativa y Ciutadadans también se sumaron a pedir más claridad a CiU sobre lo acontencido en la empresa pública Adigsa en los tiempos de Jordi Pujol y Felip Puig. El PP volvió a pedir la creación de una comisión de Investigación que, a juzgar por las reacciones iniciales de los partidos, tiene pocos visos de prosperar. El diputado de Ciutadans José Domingo se congratuló de que la justicia remueva "el oasis catalán" y empiece a sacar "cierta porquería".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de octubre de 2007