La juez interrogará como imputados a 4 ediles y 2 funcionarios por las casas ilegales en Catral

La juez del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que investiga el caso Catral [construcción masiva de casas en suelo no urbanizable de este municipio y sin licencia] ha reactivado la instrucción del sumario con el interrogatorio a partir del próximo día 26 a seis nuevos imputados -cuatro concejales del gobierno local del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal- Los nuevos encausados se suman a los ya imputados; el alcalde, el ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, y cuatro promotores. Los cuatro ediles de las juntas de gobierno que autorizaron las edificaciones entre 2000 y 2005 también son socialistas. El gobierno local lo ocupa, tras los comicios de mayo pasado las PP.

A todos los imputados se les acusa de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La acusación particular, que ejerce la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), considera que los miembros de la junta de gobierno son corresponsales de los supuestos hechos delictivos ya que fue ese órgano municipal el que concedió las licencias, en la mayoría de los casos de obra menor (vallado y refugios de labor) aunque en realidad se construyeron viviendas unifamiliares. La imputación de los concejales y los dos funcionarios cuenta con el visto bueno del fiscal que ejerce la acusación, el responsable del área de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. El ministerio público, en cambio, se opone a la imputación de nuevos constructores, "salvo que se demuestre que construyeron en suelo de especial protección".

La magistrada Natividad Navarro dictó el archivo del Caso Catral, en septiembre de 2006 al no apreciar indicios de delito. El auto se decretó una semana antes de que el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, acordara retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento para atajar la proliferación de edificaciones irregulares. Entonces, el consejero estimó en 1.200 las casas ilegales y evaluó en unos 80 millones de euros el dinero negro generado por las construcciones. Pero el ministerio público recurrió el archivo provisional de la denuncia presentada por el colectivo de usuarios y reclamó a la juez la práctica de nuevas diligencias.