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Juicio contra un juez de paz acusado de cobrar por casar a parejas

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentó ayer en el banquillo al ex juez de paz del municipio de Meco, José Mariano S. M., quien se enfrenta a tres años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por, supuestamente, cobrar entre 30 y 40 euros a cada pareja de novios que le pedía que les casase.

Al tratarse de una persona aforada el juicio se celebra en el Tribunal Superior. Tras tomar declaración al ex juez y a varios matrimonios, el tribunal suspendió la vista hasta el día 26 de este mes, ya que faltaron dos testigos clave. Ambos han manifestado haber pagado 40 euros al juez para que les desposase. Además de los tres años de suspensión para el ejercicio de un cargo público, el fiscal pide una multa que, según la ley, debe ser el triple del valor de lo percibido ilícitamente. En este caso, supuestamente hay constancia de tres parejas a las que cobró 40 euros por casarlas. La multa que le pide el fiscal asciende, pues, a 340 euros.

Uno de los testigos que prestaron ayer declaración reconoció haber pagado por casarse 40 euros, aunque precisó que no recordaba si el pago lo efectuó al juez o a la entonces secretaria judicial. La otra pareja que compareció ayer negó haber pagado por casarse. Los dos testigos que faltan por declarar, y cuya ausencia motivó ayer la suspensión de la vista, tienen declarado en la fase de instrucción que sí pagaron dinero al ex juez. En los dos matrimonios que supuestamente pagaron uno de los miembros de la pareja es inmigrante.

El acusado se quejó de la deficiente remuneración que tenía como juez de paz (los sueldos los fija el Ayuntamiento, aunque los nombramientos son potestad del Consejo del Poder Judicial), si bien fue rotundo al señalar que nunca pidió dinero por celebrar una boda civil. José Mariano S. M. ejerció como juez de paz en Meco desde el año 1991 hasta su cese en agosto de 2006.

Expediente disciplinario

Las supuestas actividades delictivas de este juez salieron a la luz merced a una investigación que hizo la secretaria del juzgado y un oficial al poco de incorporarse ambos al juzgado. Le resultó llamativo a la secretaria que acudieran por allí parejas que querían casarse y que preguntaban por el precio de la ceremonia. La secretaria citó en el juzgado a parejas que ya se habían casado allí, y tres de ellas reconocieron haber hecho pagos.

La secretaria comunicó los hechos al Consejo del Poder Judicial, que abrió al juez un expediente disciplinario. A la vez, se instruyó una causa contra él. Al tener conocimiento de la investigación, el juez arremetió contra los denunciantes, que, además de cohecho, le acusaron de tener una actitud inadecuada para el ejercicio de las funciones de juez de paz. Fruto de este conflicto, el juzgado de paz de Meco permaneció cerrado entre los meses de julio y octubre de 2005 por falta de personal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de octubre de 2007