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Guipúzcoa presume que no recuperará los 50.000 euros al mes que paga a ex diputados

Ninguno de los cargos cumple los requisitos que recogerá la nueva norma sobre cesantías

La Diputación de Guipúzcoa da por perdida la batalla de las cesantías, al sospechar que no va a poder recuperar los 50.725 euros que todos los meses está abonando a nueve de los once diputados salientes. El portavoz foral, Eneko Goya, reconoció ayer que "será complicado" que los ex diputados devuelvan las cantidades que están cobrando, pese a que la norma que les da derecho a estas prestaciones va a ser modificada con carácter retroactivo. Goya dejó en manos de los beneficiarios la decisión de reintegrar las cesantías cuando se aplique la nueva regulación "a finales de este año".

La nueva normativa sobre indemnizaciones por cese tendrá efectos retroactivos

El abono de las cesantías se interrumpirá en cuanto las Juntas Generales de Guipúzcoa modifiquen el artículo 50 de la norma foral 6/2005, que regula estas compensaciones a los ex diputados forales. La Diputación, que ya ha elaborado un anteproyecto que incluye las nuevas condiciones en materia de incompatibilidades, indemnizaciones por cese y pensiones, calcula que la nueva normativa entrará en vigor antes de fin de año.

A partir de su promulgación, únicamente podrán acogerse al régimen de las cesantías el diputado general y los diputados forales que se queden en el desempleo al dejar el cargo. En ese caso, tendrá derecho a percibir el 40% del salario que tenían como miembros de la Diputación. Este requisito no lo cumple ninguno de los once miembros del anterior ejecutivo foral.

El ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri ocupa la presidencia del Puerto de Pasajes, para el que fue nombrado por el Gobierno vasco en las mismas fechas en que cesó al frente de la Diputación. Como se puede comprobar en el gráfico, salvo un diputado foral que ha llegado a la jubilación, el resto ha reanudado su actividad laboral, bien en empresas privadas o en organismos públicos. Cinco de ellos están ocupados en entidades dependientes de la administración.

De aprobarse la nueva normativa con su formulación actual, todos perderán el derecho a las compensaciones que están recibiendo desde el pasado mes de agosto -cesaron a finales de julio de 2007, tras ser relevados-. El anterior diputado general está percibiendo 6.524 euros al mes de la Diputación y cada uno de los diputados forales, 5.525 euros. Estas cantidades, que reciben un tratamiento fiscal muy ventajoso al estar libres de tributación, suponen el 80% del suelo bruto de los miembros del gobierno foral, tal y como está contemplado en la normativa vigente, aprobada en julio de 2005 por todos los grupos pólíticos -PNV, EA, PSE, PP y EB-, a excepción de Aralar, que se abstuvo.

Datos reservados

Solamente dos ex miembros del gobierno foral han renunciado expresamente a estas pensiones. Son el actual diputado de Agricultura, Rafael Uribarren, y el ex responsable de Innovación, Joaquín Villa, que en esta legislatura trabaja como asesor de este departamento dirigido por Eusko Alkartasuna.

El portavoz foral no quiso dar a conocer la identidad de los diputados que están percibiendo las cesantías, alegando que se trata de datos "reservados" que la ley de Protección de Datos impide hacerlos públicos. En cualquier caso, Goya insistió en que la aplicación de la norma que regula las cesantías está produciendo "consecuencias no deseables", razón por la cual la Diputación va a impulsar su reforma "por el bien de la institución". Con la futura reglamentación, las retribuciones serían de 3.262 euros al mes para el diputado general y de 2.762 euros, para el resto de los diputados.

Una de las principales novedades que se van a introducir con la modificación del polémico artículo 50 será su carácter retroactivo. En la disposición final se ha incluido que la futura normativa surtirá efectos "a partir del 2 de julio de 2007", fecha anterior al inicio de los pagos a los ex diputados forales.

Esta cláusula supone que los diputados que vienen cobrando las indemnizaciones e incumplan los nuevos requisitos que se van a aprobar deberían devolver todas las sumas de dinero abonadas por la Diputación, como ha exigido Aralar cuando denunció el caso de las cesantías en Guipúzcoa. Sin embargo, Goya reconoció que será "complicado" que los ex diputados devuelvan las indemnizaciones. "Es un tema muy particular" y están "implicados derechos personales", dijo dando a entender que la recuperación de los importes dependerá de la voluntad de cada beneficiario, puesto que todas las prestaciones que están ingresando se ajustan a la legalidad. En este sentido, se volvió a acoger a la confidencialidad de los datos para sortear una pregunta acerca de si alguno de los ex diputados se ha mostrado dispuesto a restituir las pagas que ha cobrado hasta ahora.

"La norma que está en vigor es la que es y genera una serie de derechos que vamos a modificar. Los efectos cambiarán a partir de la nueva norma, pero lo que será complicado es que podamos hacer desaparecer unos derechos que existían cuando la norma estaba en vigor", afirmó el portavoz foral.

La Diputación ha solicitado a los anteriores diputados que declaren en qué situación laboral se encuentran en la actualidad, según anunció el pasado lunes la diputada de Presidencia, Edurne Egaña.

24 meses en el Congreso

Los senadores y diputados nacionales que dejan de serlo tienen derecho a una indemnización equivalente a una mensualidad por año de mandato (o fracción superior a seis meses) con un máximo de 24 mensualidades, según estipula el reglamento de pensiones y otras prestaciones para ex miembros del Congreso y del Senado, aprobado en 2006. Sus disposiciones se aplicarán por vez primera el año próximo cuando se disuelvan las cámaras por la convocatoria electoral. Hasta ahora no existían estas cesantías.

Esta prestación se abonará mensualmente y se suspenderá si el beneficiario recupera la condición de miembro de las Cortes. No podrán cobrarla quienes hayan permanecido en el escaño menos de dos años.

Tampoco podrán percibirla los parlamentarios salientes que pasen a formar parte de un legislativo autonómico. Quedan excluidos quienes, tras dejar su escaño, pasen a desempeñar "un cargo público electo o de libre designación" con un salario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de octubre de 2007

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