Expediente a la secretaria del juzgado que no logró encarcelar a Del Valle
Se le achaca el retraso que mantuvo libre al supuesto asesino de Mari Luz
La responsabilidad por no conseguir encarcelar al pederasta Santiago del Valle antes de su detención por el presunto asesinato de la niña Mari Luz va más allá de los jueces. El Ministerio de Justicia abrió ayer expediente a la secretaria del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, que dirige el juez Rafael Tirado, expedientado a su vez por el Poder Judicial por esa misma causa. Justicia cree que la secretaria pudo cometer una falta grave al paralizar durante año y medio la ejecución de la sentencia de Del Valle por abusos cometidos sobre su hija.
Entre el 18 de enero y el 7 de marzo de 2006, el juzgado de Tirado trató de citar a Del Valle en dos ocasiones para notificarle su ingreso en prisión. El último intento fue el 7 de marzo de 2006 -después de un primer plantón de Del Valle-, cuando la secretaria ahora expedientada, Juana Gálvez, redactó una providencia por la que volvía a citar al pederasta. A pesar de que ese trámite tampoco produjo resultado, la causa quedó dormida año y medio hasta el 26 de septiembre de 2007.
En esa última fecha, Gálvez redactó otra diligencia por la que se acordó la detención de Del Valle y la averiguación del domicilio de su esposa. El juzgado sólo envió a la policía lo referido a la mujer, olvidándose del pedófilo.
Justicia, que encargó su investigación a la secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Andalucía, cree que la falta de actividad entre esos dos trámites -que supuso un retraso de año y medio- es en parte imputable a Gálvez, que habría incumplido las funciones que encomienda a estos funcionarios la ley: la organización y dirección procesal del personal del juzgado y dar cuenta al juez del estado de los procesos e impulsarlos. Esos hechos, según Justicia, podrían suponer una falta grave de "negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo", lo que podría conllevar como sanción la suspensión de empleo y sueldo hasta tres años o con traslado forzoso fuera del municipio.
La investigación del Poder Judicial sugería, además, la responsabilidad del Gobierno andaluz, que tardó cinco meses en sustituir a la funcionaria que tramitaba la ejecutoria de Del Valle a pesar de que el juzgado pidió ayuda.
