El fiscal retira la petición de pena de muerte para Joaquín Martínez

'Tenemos que seguir luchando', dijo Sara, la madre del acusado, en el tribunal del juez de Tampa Rogers Padgett. La maniobra del fiscal, señalaron los abogados de Martínez, Peter Raben y David Parry, busca dos objetivos: desmovilizar a la opinión pública española, que ha convertido el caso Martínez en el estandarte de su repudio por la persistencia de la pena capital en EE UU, y conseguir más fácilmente un veredicto de culpabilidad por parte de los 12 hombres y mujeres del jurado que ayer empezó a constituirse en Tampa. 'Liberado de la responsabilidad de decidir sobre la vida de Joe [como llaman los estadounidenses a Joaquín José], el jurado puede ser más proclive a declararle culpable', dijo Parry.

Así lo vieron también Joaquín y Sara Martínez, que invitaron a los españoles a no bajar la guardia. 'Quizá', dijo Joaquín, 'alguna prensa amarillista se desentienda de este caso, ya que ha desaparecido el peligro de que mi hijo sea ejecutado, pero no podemos permitir que un inocente pase un solo día en prisión y él lleva casi cinco años en la cárcel'. 'Mi hijo', prosiguió Joaquín, 'no es culpable de estos crímenes y sólo se contentará con un veredicto que proclame su inocencia'. Joaquín Martínez confirmó que su hijo rechaza cualquier pacto con la acusación que le obligue a declararse culpable, aunque sea a cambio de una corta condena. 'No quiere rebajas, quiere justicia', dijo Sara, la madre.

Debilidad de la acusación

Antes del comienzo de la fase de selección del jurado, la fiscalía comunicó al juez y a la defensa de Martínez su renuncia a conseguir que el preso español sea condenado a muerte. Fue el reconocimiento de la creciente debilidad de la causa de la acusación, que, desde que Raben se ocupa de la defensa, sufre derrota tras derrota. El pasado año, el Tribunal Supremo de Florida anuló el primer juicio en Tampa de Martínez, en el que el jurado le declaró culpable de los asesinatos, en 1995, de Douglas Lawson y Sherrie McCoy-Ward y lo envió a la silla eléctrica. La pasada semana, el juez Padgett, que ya presidió la primera vista, prohibió a la acusación usar su principal prueba material: el sonido y la grabación de un vídeo en el que, supuestamente, Martínez confiesa a su esposa que él cometió los crímenes.

Martínez entró ayer esposado al tribunal y, una vez allí, un alguacil liberó sus manos. Vestía un traje de chaqueta gris y su padre dijo: 'Es la primera vez que lo veo de traje desde el primer juicio, en 1997'. Sara, la madre, llevaba un escapulario de la Virgen del Rocío y una estampa del Cristo de Medinaceli, que unos andaluces le habían regalado como talismán de buena suerte para la ocasión. Los Martínez se sentaron en el segundo banquillo, al lado de la prensa española, mientras que el primero fue ocupado por los familiares de Lawson y McCoy-Ward. A través de un alguacil, el acusado hizo llegar a sus padres y los periodistas que se sentía 'mejor, con más esperanzas' al conocer la fresquísima noticia de la renuncia de la fiscalía a la pena capital. Antes de la anulación de su primer juicio, Martínez pasó 37 meses en el corredor de la muerte de la prisión de Starke, en el norte de Florida.

En la sala estaban Cándido Ibar y Tanya Quiñones, los padres de Pablo Ibar, un joven de origen vasco y sobrino del boxeador vasco Urtain, que también ha sido condenado a muerte en Florida. Entre ellos y la familia Martínez se ha desarrollado una relación de amistad y solidaridad, una causa común contra la ligereza con que en EE UU son enviados al verdugo los acusados de asesinato que no pueden pagarse defensas millonarias. Una delegación multipartidista del Senado español intentaba ayer subrayar ante las autoridades de Florida el estupor y la indignación de los aliados europeos de EE UU por este cruel anacronismo de la gran potencia.

Ciudadanos corrientes

Con 40 minutos de retraso entró en la sala el juez Padgett, con toga, gafas y bien cuidado cabello y barba blanca que le daban un aire patricio. A continuación fueron llamados los 40 miembros potenciales del jurado, ciudadanos corrientes de Tampa. El juez les informó de que iban a tener que decidir sobre dos acusaciones de homicidio en primer grado con premeditación, aunque el fiscal no iba a pedir la pena de muerte. Y les instó a 'no actuar en función de sus opiniones, sino de lo que escuchen en el tribunal'.

Comenzaron de inmediato los interrogatorios por parte del fiscal Watson y el abogado Parry del primer grupo de jurados potenciales. Eran seis mujeres y seis hombres; de ellos, siete blancos, tres negros y dos hispanos. Todos aseguraron no haber oído hablar jamás del caso, pero uno era cuñado de una funcionaria de policía y dos trabajaban en empresas de seguridad, lo que podía hacerlos favorables de partida a la acusación. El abogado Parry recusó a esas tres personas. Por su parte, el fiscal Watson recusó a otras tres. El grupo inicial quedó reducido a la mitad y nuevos jurados potenciales se le incorporaron. Tres de ellos fueron descartados de inmediato.

Anoche proseguía el decisivo capítulo de la selección del jurado. Cuando finalice comenzará el juicio, que puede prolongarse hasta la próxima semana. Sin esposas, al lado de sus abogados y vigilado por dos alguaciles, Martínez siguió esas maniobras pálido y atento, con la barbilla apoyada en los dedos índice de sus manos. Sobre él sobrevuela todavía la amenaza de vivir entre rejas el resto de sus días.