Arenas y Zapatero firman el Pacto por la Justicia suscrito por PP y PSOE

El acuerdo llega a un modelo para la elección de los vocales del CGPJ que supone una fórmula intermedia entre las posiciones mantenidas hasta ahora por Gobierno y PSOE.

En la actualidad y tras la reforma socialista de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los veinte vocales del CGPJ, diez son elegidos por el Congreso y los otros diez por el Senado.

El Gobierno pretendía volver al sistema anterior a dicha reforma, es decir, que los doce vocales de extracción judicial fueran elegidos por los jueces y los otros ocho, cuatro por cada Cámara.

Como fórmula mixta se acuerda un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ, por el que los doce de extracción judicial serán propuestos seis por el Congreso y seis por el Senado por mayoría de tres quintos entre los presentados por los jueces y magistrados.

Los candidatos serán presentados a las cámaras, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer (36), por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un número de jueces y magistrados que represente al menos el 2% de los que se encuentren en servicio activo.

Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, que necesitarán de firmas de otros jueces y magistrados, y sin que ningún juez o magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato.

Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

También prevé una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar procedimientos, modificar la acción popular y la acusación particular, fortalecer la protección de las víctimas de delitos violentos, reformar la prisión provisional, extender la doble instancia en todos los procesos penales y readaptar el jurado.

El acuerdo abre el estudio para ver si los fiscales asumen la instrucción penal y que los jueces sean los encargados de decidir sobre medidas que limiten derechos fundamentales como las prisiones provisionales, a modo de jueces de garantía.

También se promulgará una nueva Ley Concursal para quiebras y suspensiones de pagos y una nueva Ley de Arbitraje.

El Tribunal Supremo se centrará en su función de unificar doctrina, el Constitucional queda como intérprete supremo de la Constitución y se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.

Por otra parte, habrá un nuevo mapa judicial según la carga existente en cada parte.

Está previsto un nuevo Estatuto de Jueces y Magistrados que atenderá a criterios de selección por oposición, mientras que el acceso por el turno de juristas expertos requerirá acreditar unos méritos relevantes, como capacidad y experiencia.

Además, se consolidará la idea de carrera superando el exclusivo criterio de antigüedad, se incorporarán otros como los de mérito, y una Ley de Retribuciones articulará un modelo incentivador.

En este marco, se perfeccionará el régimen de responsabilidades derivadas de la actuación judicial o del funcionamiento anormal del servicio y se estudiarán fórmulas de reparación del daño causado por error o negligencia de los que intervengan en la Administración de Justicia.

En el Ministerio Fiscal se establece la temporalidad en los cargos jerárquicos con criterios objetivos.

Por otra parte, se garantizará el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia durante todo el día, mañana y tarde, habrá una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y se facilitará el traspaso de competencias a comunidades que no las tienen en Justicia.